Ante un problema de índole humanitario, como lo es la crisis por la masiva llegada de migrantes menores a Canarias, se impone un criterio humanitario frente a cualquier otro. Hay cuestiones que exigen respuestas alejadas de ideologías y de colores políticos, porque lo que está en juego es la vida de seres humanos, cuyo único delito es buscar una vida mejor fuera de la pobreza extrema y de las guerras. Quizá no tengan el eco mediático necesario, pero no podemos olvidar que en la actualidad se contabilizan 25 conflictos bélicos en África.
Precisamente, el Gobierno central y las comunidades tienen previsto reunirse hoy en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para abordar este importante asunto para proceder por ley a un reparto obligatorio de los menores por todo el territorio nacional. O sea, una oportunidad de dar mayor sentido si cabe a la capacidad solidaria que debe imperar toda acción pública. Lo contrario sería difícil de entender más allá de pactos políticos y de amenazas de ruptura de gobiernos autonómicos. El propio presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recordado, con razón, que esta Comunidad es "una tierra solidaria". Son, de hecho, innumerables los ejemplos de esa innegable condición que, históricamente, identifican a este territorio y de los que nos debemos sentir orgullosos como sociedad. Quizá no sea un argumento válido para algunos, pero esa solidaridad debería ser infranqueable ante circunstancias tan extremas y sensibles.
Sin duda, la capacidad de respuesta para afrontar con garantías la llegada de menores migrantes debe ir acompañada de recursos y de una gestión transparente por parte de todos. Sólo así, podrá evitarse también que una situación inopinada se convierta en un problema mayor con el tiempo. Es decir, no sólo cabe abrir la puerta a los más vulnerables, sino también una planificación a medio y largo plazo que convierta a las regiones de acogida en sinónimo de proyectos de vida. Esa responsabilidad es compartida y, por ello, resulta exigible al Gobierno la reciprocidad correspondiente y la lealtad entre administraciones que tantas veces cae en saco roto.
La política útil es también esto.