El catedrático emérito de Derecho Penal Enrique Gimbernat, uno de los juristas más prestigiosos de este país, ha hecho un demoledor artículo en El Mundo que desmonta las tesis del Tribunal Constitucional que han servido para exculpar a quienes hicieron posible las malversaciones de los ERE. El argumento, uno de los empleados por el TC, de que una ley aprobada por el Parlamento no puede ser fiscalizada por la jurisdicción penal y los jueces deben respetarla, diga lo que diga, es una falacia, porque, por esa misma regla de tres, si un Parlamento aprueba una ley que permite la trata de personas o el blanqueo de capitales, los jueces tendrían que actuar o incurrirían en el delito de omisión de perseguir delitos.
Que se lo digan a Maduro. En eso mismo se escudaron los criminales nazis en el juicio de Nuremberg. Los altos cargos andaluces eliminaron controles de la ley de Presupuestos, sabiendo que eso iba a favorecer determinadas actuaciones que permitieron la malversación de 680 millones de euros. Lástima que lo expuesto por Gimbernat no servirá para nada ni para esa ley ni para las futuras que pasen por el Tribunal Constitucional -como la amnistía a los políticos catalanes que intentaron dar un golpe de estado- porque, lamentablemente, todo indica que están pesando más los criterios políticos que los jurídicos.
Ahora ya estamos en otro intento de retorcer las leyes con fines partidistas. El Gobierno de Pedro Sánchez -o una parte de él, porque hasta en eso están divididos y a los de Sumar les parece poco- avanza en el abuso de las leyes para resolver problemas que no existen o que ellos mismos han creado. Ya veremos si pasa el trámite de las Cortes y tiene el apoyo de partidos que se llaman democráticos. Aunque se dice que se busca la transparencia y eliminar la desinformación y los bulos, el objetivo final es controlar a los medios de comunicación, a todos, pero sobre todo a los críticos, mediante mecanismos que no se aplican ni a los medios ni a los entes públicos y que nunca ha practicado este Gobierno. Que detrás de esta iniciativa está el cabreo presidencial por las revelaciones sobre las actividades de Begoña Gómez es una evidencia.
Es indudable que hay medios que no sobrevivirían sin el dinero público o la publicidad institucional -pero no solo de las autonomías gobernadas por el PP, sino del Gobierno central y de aquellas donde mandan el PSOE o ERC o el PNV- y que hay algunos medios digitales, a la izquierda y a la derecha, a la extrema izquierda y a la extrema derecha cuya financiación, por ser exquisitos, suscita graves dudas. Pero para actuar contra eso, como contra los bulos y la desinformación, contra las injurias y contra las calumnias, hay mecanismos suficientes en el Código Penal. Y que, muchas veces, la desinformación y los bulos proceden no de las cloacas de la oposición sino de las del Gobierno. ¿O es que se creen que todos se creen todo?
Este Gobierno que arrancó proclamando que iba a ser transparente ha sido el más opaco de la democracia. La reforma legal que propone el Gobierno es una ley espantapájaros. Va a tratar de que nadie se pose allí donde al Gobierno no le interesa. Que nadie busque allí donde puede haber una conducta supuestamente delictiva del Gobierno. Que sea posible injuriar a la Corona o a los sentimientos religiosos de los ciudadanos, pero que no se toque al Gobierno o a las personas cercanas a sus altos cargos. Que todos deban ser transparentes, pero que la opacidad siga instalada en la Administración pública.
La libertad es un riesgo, sin duda, pero nadie pensará, creo, que la solución es no salirse del camino como el burro que da vueltas a la noria y, claro, nunca se descarría, aunque no vaya a ningún lado. Que tengan cuidado los "guardianes de la libertad y la transparencia". Si espantan a los pájaros, espantan la libertad. Pero cuando alguien pone un señalizador para evitar que otros se acerquen lo que consigue es que todos sepamos que allí hay comida.