Era procedente que fuera Pedro Sánchez el presidente que urdiera un plan que pretende censurar a los medios por la vía del control financiero y, sobre todo, determinar qué es mentira y qué no lo es. Ningún político en activo sabe mejor que el presidente lo que es mentir, y ninguno ha manoseado de forma tan vulgar prácticamente todas las instituciones públicas a su alcance. Ahora, Sánchez quiere que la prensa rinda cuentas ante el Gobierno. Subvertir, en definitiva, el orden lógico y aseado de una democracia creíble en la que es el Gobierno el que rinde cuentas a los ciudadanos con los medios como canal.
El plan nace torcido desde su causalidad. Cuando el presidente vio en los papeles que su mujer era señalada por el presunto tráfico de influencias en su propio beneficio, cuando supo -seguro que antes que nadie- que su mano derecha y hombre para todo estaba embarrado en una trama abyecta para lucrarse con el tráfico de material sanitario durante la pandemia, sólo entonces, decidió que es hora de invadir el sector de la comunicación para que no existan medios excesivamente dependientes de los poderes públicos. Entonces, ¿qué es exactamente RTVE? Para envilecer aún más la maniobra, y calmar la voracidad de sus socios secesionistas, el plan incluye medidas de discriminación positiva hacia los medios que publiquen íntegramente en una lengua distinta al español. Es decir, a toda la trama de subproductos plebeyos de ERC, Junts, PNV, EH Bildu o BNG sostenidos con fondos públicos para amplificar el apartheid lingüístico y sectario que se impone con toda su crudeza en Cataluña.
El plan de Sánchez es por supuesto inconcreto. Dice qué hará pero no cómo lo hará. Es un plan volitivo cuyo desarrollo, si es que llega a producirse, se hará a conveniencia del promulgador, que además se arroga nada menos que la capacidad de ser el regenerador de la democracia. Sánchez dice que la democracia española necesita regenerarse, pero únicamente en lo que le resulta incómodo. En consecuencia, no cree en ella. No es menor el impulso a una reforma de las leyes que regulan el derecho al honor ni el magreo al derecho constitucional a la libre información. El Código Penal ya establece límites y cualquier ciudadano que vea conculcado su honor o intimidad puede y debe acudir a la Justicia en busca de auxilio y castigo para el infractor. Pero no es eso lo que quiere el presidente porque entonces, como hasta ahora, serían los juzgados, y no él, quienes decidieran quién debe ser castigado. De perseguir y penar con dureza el plagio, la copia ilegal, el anonimato en las redes y toda la ponzoña que sí es una amenaza para la libertad de prensa no dice ni palabra. Eso a Sánchez no le interesa.