Es una evidencia que la mayor parte de las obras que acometen cada año los ayuntamientos y las juntas vecinales sería impensable si no dispusieran de financiación externa, principalmente los municipios pequeños con presupuestos muy ajustados. Otra evidencia es que nuestros pueblos ya no sufren las carencias de hace décadas ni tienen unas necesidades tan perentorias que impidan el desarrollo normal del día a día. Las calles están pavimentadas, los caminos son transitables, la iluminación es suficiente y las canalizaciones para el suministro, el saneamiento y la depuración de agua corresponden, en buena medida, a lo que demandan los tiempos y a lo que precisan los vecinos. Apúntese una evidencia más: la existencia de fondos europeos encaminados a iniciar o a incrementar procesos de eficiencia y ahorro energético, de accesibilidad y sostenibilidad o de protección medioambiental, a los que pueden acceder las administraciones locales. También lo pueden hacer a programas como el del 1,5% Cultural para la conservación y restauración de sus bienes patrimoniales.

Así las cosas, resta por citar una cuarta evidencia, no menos significativa, que no es otra que la de que el medio rural precisa de mejoras constantes en dotaciones e infraestructuras, ya sean de mayor o menor envergadura, así como de adaptaciones a unas necesidades cambiantes. Estas se derivan de los efectos del envejecimiento de la población, del mantenimiento de algunos servicios básicos para frenar la despoblación o del aumento del número de vecinos en verano. Los consistorios tienen que dar respuesta a estas necesidades. Buena prueba de ello son las casi seiscientas obras incluidas en Planes Provinciales, el veterano programa de la Diputación que financiará entre el 70 y el 90 por ciento de la inversión necesaria, que es de 19,6 millones de euros entre este año y el próximo.

Ese gran volumen de obras revela que sí es necesario el apoyo de instituciones como la provincial al medio rural palentino, apoyo que tiene una doble vertiende en el caso de los Planes: una cantidad anual fija que llega a cada localidad en función de su censo y que se mueve en una horquilla desde los 21.563 euros para las de menos de cien habitantes a los 120.538 de aquellas que superan los 2.500. A esto se suma esa cofinanciación de entre el 70 y el 90 por ciento para proyectos concretos. En la relación correspondiente a 2024 y 205 destacan los relacionados con trabajos de pavimentación, aunque también los hay de sustitución de redes de fibrocemento, mejora de espacios públicos, alumbrado, reforma de casas consistoriales o renovación y ampliación de cementerios, entre otros.  Los pueblos deciden y la Diputación los respalda. Lo que corresponde.