Las políticas de lucha contra la violencia machista son un «principio irrenunciable» para la Junta de Castilla y León. Así lo aseguró ayer la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante su comparecencia de mitad de legislatura ante las Cortes, donde anunció que su departamento ya cuenta con ofertas para adquirir los locales que se convertirán en centros de crisis para víctimas de agresiones sexuales en varias provincias, puesto que entre hoy y mañana se cierra el plazo de presentación de propuestas para los de Zamora, Salamanca, Burgos, Segovia y Salamanca, tras quedar desiertos los concursos anteriores. Además, avanzó que ya están evaluando las presentadas para los de Ávila y Soria y está adecuando con obras menores los de León y Valladolid, puesto que en términos generales deben estar listos antes del 31 de diciembre. «Contamos con una completa Red de Atención a las víctimas de violencia de género que estamos mejorando y ampliando».

La responsable autonómica defendió que en los dos años de legislatura se ha avanzado en igualdad de género, con más medidas de sensibilización y formación, de apoyo a las mujeres en el ámbito rural, con programas y servicios dirigidos especialmente a las más vulnerables y con medidas de impulso al empleo. En este sentido recordó que la Junta cuenta con el Proyecto Atrapadas y explicó que en enero de este año se puso en marcha el centro virtual Atiendo, que ha recibido –dijo– 81 llamadas, de las que 54 recibieron información y los 27 restantes se derivaron a una atención especializada.

Nuevas estrategias

Isabel Blanco también tuvo tiempo de desgranar algunas de las iniciativas y planes que su Consejería llevará a cabo en los próximos meses. Anunció en este sentido que pretende aprobar este año una nueva estrategia de mayores, «más ambiciosa» y ligada a la lucha contra la soledad no deseada y el nuevo modelo de cuidados de larga duración. Además, indicó que están trabajando en la elaboración de un nuevo Plan de Igualdad para las personas con discapacidad, que incluye un Plan de Accesibilidad, que se aprobará este año. Indicó igualmente que están trabajando en la ley de infancia y adolescencia de Castilla y León, y recordó el anunció realizado por Alfonso Fernández Mañueco para la puesta en marcha del Carné 60 Castilla y León, con descuentos para este colectivo en servicios y actividades, según informa Ical.

La consejera significó también que se está tramitando el Plan Autonómico de Castilla y León sobre Adicciones 2024-2030 que se aprobará antes de que finalice este año con una dotación de 91 millones de euros en siete años. Por otra parte, aseguró que están orientando las acciones a incrementar la cobertura de población en riesgo de pobreza a través de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León. En materia de inversiones destacó la construcción del nuevo centro residencial para menores de protección en Salamanca, que ya tiene el proyecto redactado.

Echando la vista atrás, Blanco valoró que su departamento ha cumplido en esta primera mitad de la legislatura 80 de los 96 objetivos previstos para este mandato, lo que supone el 83,3%, y añadió que los 16 restantes se completarán en el plazo previsto. Algo que, según la consejera, permite contar con uno de los sistemas de servicios sociales «más ágiles y de mayor calidad», centrado en la persona, la innovación y la «intensa» colaboración institucional y con el Tercer Sector. Aprovechó igualmente para aludir al índice DEC que se publicó ayer y que viene a consagrar el «liderazgo indiscutible» de Castilla y León en materia de dependencia.

8.594 bonos de nacimiento durante el primer año

La intervención de la consejera de Familia sirvió para que informase de que se han concedido –a 31 de marzo de 2024– un total de 8.594 nuevos bonos nacimiento, con 1.354 comercios colaboradores. Blanco afirmó de esta forma que la Junta de Castilla y León «ha creado una nueva línea de ayudas por nacimiento o adopción con un cheque nacimiento de hasta 2.500 euros por nacimiento de hijo y que están presupuestando en 20 millones de euros anuales». Asimismo quiso subrayar que «otra de las actuaciones para promover que las familias desarrollen su proyecto personal y familiar en un núcleo rural, consiste una subvención por la que cualquier familia que traslade su residencia de otra comunidad autónoma a un municipio de menos de 20.000 habitantes de Castilla y León, podrá recibir hasta 2.000 euros para contribuir en los gastos de traslado». La consejera concluyó su intervención destacando que estas medidas «tienen como objetivo fomentar la natalidad» en la Comunidad.

El PSOE acusa a la Junta de «hacer caja» con el dinero del Gobierno

La oposición socialista afeó a la consejera de Familia de «hacer caja» con los fondos que aporta el Gobierno de España para la dependencia. «Es un cuento sin final feliz para las personas más vulnerables». Así resumió la procuradora socialista Yolanda Sacristán la comparecencia de Isabel Blanco, que acusó a la Junta de «aliviar las arcas autonómicas en lugar de incrementar la atención a las personas dependientes», y denunció que el Ejecutivo regional «ha recortado» su aportación en 35 millones «mientras el Gobierno de España la ha incrementado en 162 millones». La portavoz socialista criticó que «la Junta de Castilla y León concede cantidades mínimas» en estas prestaciones, «por lo que las familias se ven obligadas a pagar por lo que no paga la Junta». Sacristán se refirió a también a la nueva ley de residencias, y reprochó a la consejera que se haya aprobado «sin consenso». En materia de discapacidad lamentó que la Junta «no tiene ni la más mínima intención» de mejorar las Unidades de Valoración y Atención a las Personas con discapacidad. «Ni una sola mención en el Debate de la Comunidad por parte de Mañueco ni hoy en la comparecencia de la consejera al gran incumplimiento e la ley LGTBI», significó la socialista, que avanzó que el PSOE «va a presentar dicha ley de derechos y libertades del colectivo a pesar de que el Gobierno de Mañueco quiera invisibilizar al colectivo».