Ministerio de Trabajo y sindicatos firmaron por fin el pacto para la reducción de la jornada laboral en el que llevan trabajando casi un año. El texto acordado, del que finalmente se ha descolgado la patronal CEOE, fija un tiempo máximo de trabajo que no podrá superar las 37,5 horas semanales frente a las 40 actuales, pero también incorpora otros cambios de calado en las relaciones laborales que tienen que ver con los contratos a tiempo parcial, el registro horario obligatorio, el derecho a la desconexión digital o las multas a las que se exponen las empresas incumplidoras. Tras varias intentonas de acuerdo que no fructificaron, ahora se produce en plena tensión entre la cartera que dirige Yolanda Díaz y el Ministerio de Economía, ya que el socialista Carlos Cuerpo era partidario de retrasar más allá del año que viene la aplicación de la medida para favorecer el diálogo o que se aplicara de manera gradual y con ayudas a las pymes. El ministro, como la parte socialista del Gobierno, es consciente de que no cuentan con la garantía de apoyo de sus socios para sacar adelante estas modificaciones legales en el Congreso de los Diputados.

Plasmado el acuerdo, aún queda una larga travesía hasta que pueda entrar en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El Consejo de Ministros deberá aprobar esta modificación de la ley, lo que parece previsible que sucederá en las próximas semanas, para iniciar una tramitación parlamentaria que, como todas las que plantea el Gobierno en los últimos meses, se prevé larga y espinosa entre sus propios socios de investidura. Las dificultades que encontrará el texto para salir adelante las dan por seguras hasta los sindicatos, quienes reconocieron en el acto de la firma que son conscientes de que la patronal CEOE "va a presionar para bloquera esta norma en las Cortes Generales". Sin embargo, no solo serán los empresarios quienes ejercerán sus influencias, sino que Junts ya se ha mostrado reticente y puede que comience el temor a una nueva 'alianza' entre PP, Vox, los de Puigdemont y el PNV. De momento, Díaz ha ganado por la mínima la primera batalla, pero no la guerra. La firma no ha sido el punto y final, sino el principio de una nueva negociación, esta vez en el ámbito político.

Por ello, todo lo que han pactado Trabajo y los sindicatos podría verse modificado en el Parlamento, tanto en su contenido como en los plazos de aplicación. Al ser un proyecto de ley se someterá a la negociación con todas las fuerzas de Congreso y Senado, un proceso en el que podrían recuperarse las ayudas a las pymes, a través de bonificación de cotizaciones, para la contratación de trabajadores que suplan el recorte del tiempo de trabajo u otras ayudas directas para la digitalización del registro horario. Estas fueron algunas medidas propuestas por Trabajo para ganarse a la patronal y atraerla al acuerdo, aunque finalmente no se han incluido al descolgarse de la firma la CEOE.