«Nos oponemos tajantemente a que la extorsión del independentismo determine las decisiones adoptadas por el Gobierno». Este fue uno de los principales mensajes que lanzó hoy el PP de Palencia, que concentró a alcaldes y concejales de toda la provincia para alzar la voz contra la «degradación institucional», el «fragante deterioro del Estado de derecho» y el «ataque a los principios constitucionales más básicos».
Una movilización que en el caso de la provincia tuvo como escenario la calle Mayor, junto a la sede del PP, en la que los populares reiteraron su «compromiso con la igualdad de todos los españoles» que, a su juicio, se está viendo «seriamente comprometida» por las decisiones «injustas y arbitrarias» del PSOE. «El Ejecutivo antepone las exigencias con las que los separatistas le extorsionando», denunció la alcaldesa de Magaz de Pisuerga, Patricia Pérez, encargada de leer el manifiesto que previamente habían firmado o secundado de alguna manera los 606 ediles palentinos del PP.
Encabezando la protesta se encontraba la presidenta de los populares palentinos, Ángeles Armisén, quien puso en valor el «compromiso» de los munícipes de su partido con la provincia. «El PP alza la voz frente a un Gobierno que no solo no cumple su palabra, sino que está empeñado en crear ciudadanos y territorios de primera y de segunda», enfatizó. A renglón seguido se refirió al modelo del PP.«Integración frente a división; oportunidades frente a privilegios. «o existe otro camino para los 191 municipios de la provincia. Palencia no tiene tiempo que peder», concluyó Armisén.
LEY DE AMNISTÍA
Asimismo, los populares mostraron su «absoluto rechazo» a la Ley de Amnistía y reclamaron, de forma extra, que «no exista terrorismo bueno, y que todo terrorista sea investigado y condenado». En este punto, puntualizaron que modificar o derogar el Código Penal «a la carta» es una forma de «corrupción política» que «perjudica la confianza en las instituciones» y crea un «sentimiento de agravio e injusticia» a la población.
Además, el PP volvió a insistir en la defensa de la separación de poderes y la independencia judicial, y rechazó de lleno todas aquellas decisiones que «usurpan sus funciones». «Ni el poder ejecutivo ni el legislativo pueden comprometer la actuación de los jueces ni ponerlos bajo sospecha», enfatizó Pérez.
En consecuencia, solicitaron activar «todos» los recursos políticos y jurídicos para que la acción ejecutiva, legislativa y judicial a nivel nacional «no se ponga al dictado de los partidos independentistas». «No podemos consentir que sigan jugando con los derechos y los recursos de los españoles», concluyó.
[Más información en página 33]