La asociación Salvemos la Dársena ultima una demanda contra el Ayuntamiento a tenor de las «infracciones urbanísticas y de procedimiento» que considera que existe «tanto en el fondo como en la forma» en la aprobación definitiva del PERI-5, es decir, del plan para el desarrollo urbanístico de los entornos de la dársena del Canal de Castilla. Una de esas infracciones de procedimiento, así lo cree la asociación, es «el intento de ocultación» por parte del equipo de Gobierno de Miriam Andrés del informe que la alcaldesa encargó a la Secretaría General sobre las consecuencias que hubiese tenido la denegación de la aprobación definitiva del plan urbanístico y sobre si dicha posición daría lugar a una indemnización a favor de la promotora Inbroser y del resto de propietarios.  

Fue el 6 de septiembre de 2023, cuando Miriam Andrés solicitó a la secretaria del Consistorio un informe para conocer con certeza legal qué pasos se podían dar de cara al 21 de septiembre, fecha en la que se convocó el pleno en cuyo orden del día constaba la votación para aprobar de forma definitiva el PERI-5. 

El día anterior a su celebración, la alcaldesa reunió a los portavoces de los cinco grupos políticos y les trasladó que ese plan urbanístico, que fue aprobado de forma inicial por la Junta de Gobierno Local el 14 de mayo de 2020, contaba con todos los informes técnicos favorables y, por lo tanto, no había argumentos para votar en contra y que, en caso de que los concejales sobrepusieran la defensa del interés general de la ciudad al plan de urbanización, no tendría consecuencias patrimoniales. 

Finalmente, el PERI-5 fue aprobado de forma definitiva con veintiún votos a favor (PSOE, PP y ¡Vamos Palencia!, tres abstenciones (Vox) y uno en contra (Izquierda Unida-Podemos), que durante la sesión plenaria criticó que en el expediente no se incluyese el último informe de Secretaría.

Desde ese día, el equipo de Gobierno se negó a facilitar ese informe argumentando que se trataba de una consulta particular de la alcaldesa pero, finalmente y a pesar de su oposición inicial, no ha tenido más remedio que entregárselo al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en cuyo juzgado de lo contencioso-administrativo recurrió Salvemos la Dársena la aprobación definitiva del PERI-5, de ahí que haya llegado por fin a sus manos.

El informe. Ayer, la asociación dio cuenta del contenido de dicho documento ante los medios de comunicación y, según resumió su portavoz, el abogado su portavoz, Joaquín Reyes, dos son las conclusión que se pueden obtener de él. 

«A la pregunta de si cabía votar en contra [el informe] dice que como ocurre con cualquier decisión política expresada a través de voto en los órganos colegiados, se puede votar a favor o en contra, siempre que se motive», explicó Reyes.

«Y a la segunda pregunta, sobre si debería el Ayuntamiento indemnizar a los propietarios en caso de que fuese rechazada la aprobación definitiva, la respuesta es aún más contundente, ya que [la secretaria general] afirma que la denegación de aprobación definitiva del PERI-5 no se encuentra entre los supuestos indemnizatorios previstos en la normativa urbanística», continuó el abogado.

«Esto significa que no estaríamos, en contra de lo que se quiso vender o del mensaje trasladado a la opinión pública, ante una nueva calle Jardines y un riesgo económico frente al que hubiese que proteger al Ayuntamiento», concluye el portavoz de la asociación.

Así las cosas, para Salvemos la Dársena «la votación durante el pleno estuvo mediatizada por el ocultamiento de este informe». Por eso, la asociación cree que, solo con esta infracción en el procedimiento, su demanda prosperará y el TSJCyL ordenará que el Ayuntamiento regrese el expediente al momento anterior a la votación del PERI-5 en el pleno, para que el debate, la exposición de posturas y el razonamiento del voto se efectúe con toda la información disponible. 

«Si los concejales lo hubiesen conocido íntegramente, el sentido de la votación en el pleno podría haber sido distinto», opinó Joaquín Reyes.