No insinúo afán de desquite del Poder Judicial por haber sido desautorizado por meter en la cárcel a los líderes del "proces", aunque podría inferirse que las decisiones gubernamentales de suprimir la secesión y apadrinar la amnistía están en el origen del malestar corporativo de los servidores públicos encargados de administrar justicia.
E pur si muove. El malestar es evidente, aunque el Gobierno no desbordó los marcos políticos y los formalismos legales al tomar decisiones tan generosas con el independentismo catalán. Lo relevante es que vinieron de un apremio sobrevenido: la ambición de poder de Sánchez. No fue algo achacable a la justicia democrática que prefiere reinsertar al delincuente sin vengarse del golpista. Ni al incontenible deseo de tener la fiesta en paz ("reconciliación"). Nada de eso. Aquellas decisiones fueron el fruto de una apresurada y utilitaria elaboración, a la vista de unos resultados electorales que no le daban a Sánchez para atornillarse en Moncloa sin acceder a las exigencias del independentismo.
Ahí se fue fraguando el malestar corporativo detectado en los recientes varapalos judiciales al Gobierno y a la figura de su presidente. Con efectos contagiosos en el funcionamiento de las instituciones. Basta mencionar las aberrantes situaciones que la rabieta del presidente del Gobierno generó por el cuestionamiento judicial de su esposa. La más ruidosa: el chantaje al pueblo soberano (los famosos cinco días en el rincón de pensar). Y en los últimos días, su fallido intento de que la Audiencia Provincial archivara el procedimiento abierto contra Begoña Gómez, así como un descarado ataque a la independencia judicial en la también fallida querella contra el juez Peinado por presunta prevaricación ante el TSJM.
En este segundo lance la resolución señalaba la ignorancia del abogado del Estado (en nombre de Sánchez) respecto a "nociones elementales de la separación de poderes". Habida cuenta que el querellante llamaba la atención sobre la trascendencia política que podría tener una determinada decisión judicial (planeaba la sombra del "lawfare"), el tribunal le daba la razón al recordar que Sánchez llegó al poder gracias a la trascendencia política que tuvo una sentencia judicial del caso Gurtel que declaró al PP beneficiario "título lucrativo".
Como es sabido, aquello fue usado por Sánchez para tumbar políticamente a Rajoy (junio 2018). Y la querella presentada ahora por el PP contra el PSOE por presunto delito de financiación ilegal (hipotético beneficiario "a título lucrativo" del caso Abalos- Koldo-Aldama) podría tumbar a Sánchez si eso se demostrara ante un tribunal. No es el caso, al menos de momento, porque la querella del PP carece de bases sólidas.
De acuerdo. Pero sirve para ilustrar las tensiones que envenenan la relación institucional entre dos altos poderes del Estado.