Está demostrado que todo lo que puede salir mal en el proyecto de rehabilitación de la antigua fábrica de La Tejera para su uso como centro de formación, congresos y ferias, sale mal. La alcaldesa, Miriam Andrés, confirmó ayer en la Junta de Gobierno que las obras no comenzarán este mes de abril, tal y como trasladó el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al resto de administraciones en octubre del año pasado. 

¿Qué ha ocurrido esta vez?La respuesta hay que buscarla en esta ocasión en la Junta de Castilla y León, quien tiene pendiente un «ajuste técnico» desde hace meses necesario para poder adjudicar -primero- e iniciar -después- un proyecto que persigue la ciudad desde hace ni más ni menos que 25 años. 

De la celeridad de la administración regional dependerá que estas obras se retrasen como mínimo dos meses aunque corren el peligro de que se vayan hasta final de año o, incluso, 2025, reconocía ayer el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, que avanzó que este mismo lunes el servicio de Intervención del Ayuntamiento se pondrá en contacto con el de la Junta de Castilla y León para ver cómo solucionar el problema que encalla, otra vez, a La Tejera.

 En octubre del año pasado, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado una adenda al convenio en la que se recalculaba la financiación de los 5.112.110,85 euros (IVA incluido) que cuesta este proyecto. En ella se establecía que el desembolso que tienen que hacer las administraciones implicadas -Gobierno, Junta, Ayuntamiento y Diputación- pasaba a repartirse en tres anualidades: 2024, 2025 y 2026. 

Ese mismo mes, el Ayuntamiento y la Diputación aprobaron en sus respectivos plenos la modificación, y, al mes siguiente, lo hizo el Ministerio de Transportes. De la Junta de Castilla y León, a pesar de los avisos y requerimientos realizados por el Gobierno y por el Consistorio, no se supo nada hasta el pasado 14 de marzo, cuando su Consejo de Gobierno aprobó conceder una subvención directa de 1,047 millones de euros a la ciudad para poder financiar la ejecución de las obras de rehabilitación de la antigua fábrica La Tejera.

La sorpresa llegó, cuenta Álvaro Bilbao, cuando el Ayuntamiento se percató de que el pago de esa ayuda estaba dividida en dos anualidades (2024 y 2025) y no en tres como se determinó seis meses antes. Además, la normativa jurídica que sostenía la subvención era distinta a la que figura en el convenio firmado por las cuatro administraciones. Dicho de otra forma, incumplía las condiciones del acuerdo. 

«El Ayuntamiento no tiene más remedio que rechazar la subvención porque laJunta tiene que modificar las anualidades a 2024, 2025 y 2026 ya que incumple la modificación del acuerdo hecha en octubre de 2023 y, por otro lado, porque en ella establece unas obligaciones que no son las del convenio de La Tejera», dejó claro Bilbao.

¿y ahora qué?. Toda esta información se la trasladó el miércoles el equipo de Gobierno de Miriam Andrés al delegado territorial de la Junta, José Antonio Rubio Mielgo, con el objetivo de que intermedie ante el servicio de Intervención de la Junta para que se dé una solución lo antes posible. 

Una corrección que urge porque de ello depende que este 2024 no sea un año perdido -uno más- para el proyecto de La Tejera. En el mejor de los casos, suponiendo que la administración regional rehaga el expediente y envíe la documentación contable correcta al Ministerio, el inicio de las obras se retrasaría, al menos, hasta verano. 

Eso es así porque no se pueden adjudicar las obras hasta que no esté resuelto este asunto. En junio del año pasado, la mesa de contratación de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio el Gobierno proponía adjudicar el contrato de rehabilitación de la antigua fábrica de La Tejera a la empresa Proyecon Galicia por 5.112.110,85 euros (IVA incluido). El proceso está detenido en ese punto y hasta que la Junta no cumpla con su parte no se podrá adjudicar, firmar el acta de replanteo e iniciar las obras, un proceso que exige dos meses mínimo.

  Sin embargo, si la Junta tarda en completar ese trámite se corre el peligro de que haya que hacer una nueva adenda al convenio para reprogramar por cuarta vez las anualidades. Lo que exigiría volver a repetir todo el proceso desde el principio y llevaría el inicio de las obras a finales de año o, incluso, a 2025. Eso es lo que quiere evitar  a toda costa el Ayuntamiento.