El nuevo Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal) considerará un total de 690 municipios como de protección prioritaria frente a este tipo de catástrofes naturales, dado su índice de peligro alto, así como su relevante vulnerabilidad por interfaz urbano-forestal, en base a los cálculos estadísticos recogidos en anteriores anualidades. El documento, al que ha tenido acceso la Agencia Ical, se remitirá a la Comisión Nacional de Protección Civil para su homologación y deroga el anterior decreto, originario de 1999. La Junta anunció a principios de verano que este trámite se desarrollaría en julio pasado, con lo que llega con tres meses de retraso. Se trata de la medida regulatoria más avanzada entre las que prepara la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio dentro del acuerdo para reforzar el operativo, firmado en el marco del Diálogo Social el 27 de septiembre de 2022 con CCOO, UGT y CEOE.

La Junta pondrá el foco principalmente en estos 690 municipios, entre los que se encuentran todas las capitales de provincia, a excepción de Salamanca. El listado no supone que los medios actúen en mayor medida en el resto de los 2.248 ayuntamientos (que sin embargo contarán con una guía de actuación), pero sí advierte de cuáles son los que corren más riesgo. Además, obliga a la elaboración de planes de actuación de ámbito local de emergencias ante incendios forestales en estos municipios y establecer las oportunas medidas de seguridad oportunas en las zonas de interfaz urbanoforestal. No en vano, se realizarán actualizaciones del análisis de las variables consideradas en el cálculo (cobertura vegetal, frecuencia, riesgos asociados a la interfaz) o revisiones futuras de la metodología, que pueden hacer necesaria la modificación de los listados.

Por provincias, una cuarta parte de los municipios se encuentra en Salamanca, con 171. Entre las tres provincias del oeste suman el 56 por ciento del total (116 en León y 68 en Zamora), lo que constata la tradicional peligrosidad de los incendios forestales en este área de la Comunidad. Además, se contabilizan 95 en Burgos, 88 en Ávila, 52 en Soria, 40 en Segovia, 37 en Palencia y, por último, 23 municipios en Valladolid, lo que deja la visualización de un mapa con atención especial a la periferia y determinados espacios en el interior regional. Todos estos municipios deberán contar con planes de actuación de ámbito local de emergencia por incendio forestal, con un contenido mínimo que permita dar una primera respuesta, proteger a la población amenazada y, en lo posible, evitar o al menos reducir los daños.

Dos bomberos trabajan en el incendio declarada el pasado verano en el municipio burgalés de Quintanilla del Coco. - Foto: Luis López Araico

El nuevo Infocal profundiza también en las diferentes épocas de peligro. Así, declarará por ley la época de peligro alto desde el 12 de junio hasta el 12 de octubre, 123 días, en coincidencia con el periodo de mayor rigor climático, de acuerdo con los datos estadísticos del último decenio. El documento argumenta esta extensión, que ya se aplica en este 2023 (anteriormente era del 1 de julio al 30 de septiembre), en que la «estacionalidad climática genera variabilidad en el régimen de temperaturas y precipitaciones, situando al verano en la época más desfavorable», lo que «se traduce en una mayor gravedad de los incendios y genera mayor peligro para personas y bienes».

Fases y su gravedad

El Plan permanecerá activo todo el año, bien en fase de preemergencia o de emergencia. El nivel de operatividad dependerá de la época de peligro establecida, de la fase en la que se encuentre y de la modulación del peligro de incendio forestal mediante las declaraciones de las situaciones de riesgo meteorológico. Infocal describe cuatro índices de gravedad potencial. El nivel 0, referido a aquel incendio que, aún en su evolución más desfavorable, no supone peligro para personas no relacionadas con el dispositivo de extinción, ni para bienes distintos a los de naturaleza forestal. El nivel 1, relacionado con el fuego que, en su peor momento, prevea la necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección de personas ajenas al dispositivo de extinción o existan bienes aislados amenazados de naturaleza no forestal, como infraestructuras sensibles o redes de suministros; o bien el daño forestal esperable es considerable.

Por su parte, el índice de gravedad potencial 2 se refiere al incendio en el que, en su evolución más desfavorable, se prevé que «amenace seriamente a núcleos de población o infraestructuras de especial importancia», o que el daño forestal esperable «es muy importante», de forma que «exijan la adopción inmediata de medidas para la atención y socorro de la población o protección de los bienes». Por último, el documento marca una situación operativa 3, que no índice de gravedad, para «situación de emergencia correspondiente y consecutiva a la declaración de emergencia de interés nacional por el titular del Ministerio competente en la materia de Interior». Para obtener el riesgo, el nuevo plan profundiza en la combinación del peligro de incendio forestal en relación con la vulnerabilidad de personas, bienes y medioambiente y se evalúa.