La Junta de Castilla y León apuesta por establecer una política fiscal que favorezca el crecimiento económico con la "moderación de impuestos" a familias, jóvenes y empresas, que además contribuya a facilitar las iniciativas de sostenibilidad demográfica y territorial. Además de garantizar unos servicios públicos "de calidad" y el apoyo a las familias, las cuentas tratarán de fomentar el equilibrio territorial contribuyendo al bienestar social de todas las personas en cooperación con las entidades locales.

Así lo recoge la orden dictada el 31 de mayo y que publica hoy el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) por la que se fijan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2025. Desde este martes está en vigor con el objetivo de poner en marcha la maquinaria presupuestaria, semanas después de que lo hicieran los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2024, aprobados por las Cortes el 30 de abril.

La asignación de los recursos disponibles pretenden garantizar unos servicios públicos de calidad como pilar esencial de la cohesión social y la vertebración territorial, aprovechando todas las oportunidades de financiación disponibles. Así, se plantea como objetivo "mejorar" la asistencia sanitaria para que sea "accesible y equitativa" en todo el territorio, así como un modelo educativo "inclusivo, equitativo y moderno", orientado al empleo y a la generación, retención y atracción del talento, que impulse las capacidades y vocaciones técnicas y el conocimiento, manteniendo la excelencia educativa.

Igualmente, las prioridades son también favorecer el crecimiento económico "sostenible y dinamizador" y la creación de empleo "de calidad", impulsando un tejido productivo "innovador y moderno", consolidar el desarrollo del sector primario como instrumento fundamental de cohesión social y como sector estratégico; apostar por el futuro del sector servicios y de las actividades vinculadas al comercio, el transporte, el turismo, la hostelería y la cultura, y promover el desarrollo de una administración "moderna, eficaz y transparente", dotada de profesionales cualificados y preparada para responder con soluciones innovadoras.

En ese sentido, Hacienda señala que el objetivo global del presupuesto para 2025 se centrará en seguir impulsando un crecimiento "sostenido y sostenible, innovador y transformador" de la economía de Castilla y León, que garantice un tejido productivo "moderno y competitivo" en una economía global y conectada, utilizando las ventajas de las nuevas tecnologías y la transición energética y fomentando al máximo la iniciativa a través del emprendimiento.

En el ámbito de los servicios públicos, se pretende "continuar con la consolidación de la calidad, la igualdad y la solidaridad" en todo el territorio, dotando a la sanidad pública de los medios necesarios que garanticen un sistema sanitario accesible, con equipamiento humano y tecnológico adecuado; consiguiendo una educación que siga siendo "de excelencia, equitativa, moderna y orientada" al empleo y la generación, retención, captación y fidelización del talento y apostando por unos servicios sociales de referencia accesibles para todas las personas.

Igualmente, precisa que debe tenerse en consideración que durante los ejercicios 2020 a 2023 han estado suspendidas las reglas fiscales en España para amortiguar los efectos de la pandemia y, posteriormente, los de la guerra de Ucrania. A partir de finales de 2023 se han reactivado en 2024 y en abril de este año, el Parlamento Europeo ha aprobado la revisión de las reglas fiscales para hacerlas más claras y flexibles, impulsar la inversión y adaptarlas mejor a la situación de cada estado miembro. En este sentido, en septiembre de 2024, España deberá remitir su Plan Nacional de medio plazo describiendo los objetivos de gasto, reformas e inversiones para los próximos cuatro años con una senda de reducción del déficit y deuda que marcará los objetivos para ese periodo a cumplir por todas las administraciones públicas.

En su análisis, la Junta alude a un contexto internacional en el que, a pesar de que persisten "considerables incertidumbres" de naturaleza geopolítica, en los últimos meses se ha observado "mayor solidez" en los datos de actividad económica junto con una recuperación de la confianza de los agentes económicos. "La única variable que está evolucionando de forma discordante está siendo la inflación, que presenta cierta resistencia a converger a los objetivos marcados, lo que está manteniendo unos tipos de interés a tasas todavía elevadas", añade.

Por lo que respecta al ámbito nacional, asegura que se ha producido un crecimiento de la actividad económica en el primer trimestre del presente año superior al crecimiento promedio de la zona Euro. Sobre la de Castilla y León, la Junta señala que durante el último año ha seguido manteniendo un ritmo de crecimiento sostenido.

Cuatro capítulos

La norma está estructurada en cuatro capítulos, que engloban 22 artículos. El primero fija las normas generales para la elaboración de los presupuestos que adecuarán sus ingresos y gastos al cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública que, conforme al artículo 16 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, se establezca para la comunidad autónoma, ajustándose al límite de gasto no financiero que aprueben las Cortes de Castilla y León. Asimismo, establece el ámbito institucional de aplicación de los presupuestos generales.

El segundo determina la estructura de los estados de ingresos y gastos de las entidades con presupuesto limitativo y la estructura de los presupuestos de explotación y capital. Además, el tercero establece el proceso para la elaboración y tramitación del anteproyecto, fija las comisiones participantes en el proceso de elaboración de los Presupuestos, así como la tramitación del anteproyecto de presupuestos.

Por último, el capítulo cuatro especifica la remisión de documentación y plazos, el articulado del texto, así como la documentación relativa a los presupuestos limitativos, ingresos, programación del gasto, gastos de personal, otros capítulos de gasto así como un informe de impacto de género, información adicional sobre actuaciones específicas e información sobre los presupuestos de explotación y capital. Por último, la orden cuenta con una disposición adicional para la información sobre el sistema de seguimiento de objetivos.