A las personas ajenas a la profesión agraria les cuesta comprender que este otoño hayan vuelto a las calles las protestas de las organizaciones del sector, con Asaja en cabeza, después de una cosecha cerealista de 2024 relativamente buena. Ciertamente, en términos generales, el cereal de invierno nos ha dado rendimientos por encima de la media de la última década; eso sí, con la lógica diferencia según productos, sistemas de cultivo, comarcas… Esto es lógico cada campaña, si consideramos que la agricultura y la ganadería (y nunca nos cansaremos de decirlo) no funcionan como las matemáticas, por más que en los despachos se empeñen en verlas así cuando dictan sus normas ciertos políticos y burócratas que tendrán muchas carreras, pero no han visto una carrera de cebada ni en fotografía.
A mediados de octubre, formé parte de una nutrida representación del campo palentino y de nuestra organización que acudió a Valladolid para manifestarnos ante la Delegación del Gobierno en Castilla y León en defensa de nuestro cereal, con el lema «Costes, importaciones y especulación arruinan nuestra producción». En efecto, no pocos profanos, que han oído por ahí campanas de que este año hubo buena cosecha, despachan estas nuevas movilizaciones con un despectivo comentario: «¡Ya están llorando otra vez los agricultores!». 
Pues sí: aunque no nos gusta el término llorar, presumimos de alzar la voz, porque peligran muchas explotaciones cerealistas de nuestra provincia. Asistimos a una reconversión lenta y silenciosa -salvo por el ruido que armamos de vez en cuando los agricultores-de uno de los tradicionales pilares de la economía y de los empleos directos e indirectos de Palencia, «granero de España», según dice la letra de nuestro himno.
Cuando salta la noticia del cierre de una empresa o de un comercio, lo que implica la pérdida de un puñado de puestos de trabajo, la sociedad palentina comprende ese problema y empatiza bien con los perjudicados. Y nos parece de justicia que así sea. 
En cambio, parece que no nos damos cuenta de que unos precios por debajo del coste de producción, como los que se ofrecen a los agricultores cerealistas de nuestra provincia al menos desde la primavera de 2023, también conllevan un grave peaje en términos económicos y de empleo para Palencia. 
Tal y como venimos denunciando desde Asaja, desde el inicio de la guerra de Ucrania padecemos una inflación en los insumos que —si bien se ha moderado algo— repercute de tal modo en nuestros gastos fijos que nos obliga, para no producir a pérdidas, a coger rendimientos de al menos tres mil kilos por hectárea, pero también a que el grano se nos pague como corresponde, que se situarían en torno al 30 % más de los que hoy día nos ofrecen por la mercancía.
La situación actual deja en papel mojado las páginas del Boletín Oficial del Estado donde aparece la Ley de la Cadena Alimentaria publicada desde 2013, y modificada después en 2021 con unas medidas para, supuestamente, «mejorar su funcionamiento». Pero este contexto implica algo más grave: por segundo año consecutivo, se obliga a nuestros productores de cereal a que sus horas de trabajo y la amortización de sus inversiones salgan de sus costillas. ¡Como para no… llorar! (*) José Luis Marcos Pinto es presidente de Asaja Palencia