El gobierno va a aprobar este martes una serie de medidas para meter en cintura a jueces y periodistas que no le acaban de encontrar el punto a Pedro Sánchez. Los primeros se empeñan en que cumpla la ley como cualquier otro ciudadano, y que ese cumplimiento obligue a sus afines y a sus familiares; los segundos, los periodistas, se empeñan en contar las noticias tal como son, no como al presidente de gobierno le gustaría que fueran. Y además indagan en las profundidades de los personajes públicos, sean quienes sean y respiren ideológicamente como respiren.
Hace ya unos meses que Pedro Sánchez ha puesto en el foco de sus políticas restrictivas en jueces y periodistas, pretende cercenar su libertad. Ha decidido también ningunear al PP y a Feijóo, Sánchez es de los que creen en la estrategia de silenciar al adversario. Pero en el caso que nos ocupa, el de jueces y periodistas, ha optado por hurgar en hemerotecas a ver a quien pilla en falta: tiene gente mirando registros mercantiles y societarios, y le interesan especialmente las empresas de comunicación que le son críticos y los negocios de los familiares de quienes le están amargando la vida por cumplir con su trabajo. Ellos, no Sánchez.
Un Sánchez que ha saltado en cuanto han aparecido informaciones sobre operaciones poco claras de personas de su círculo más íntimo. No ha dudado en utilizar la Fiscalía para que actúe contra quienes ponen en cuestión la honorabilidad de sus familiares, y ha provocado la judicialización de esos asuntos sospechosos cuando él mismo y sus afines han empezado a presentar denuncias y recursos. Y al contrario de lo que esperaba, ha habido fiscales que se han negado a seguir instrucciones de la superioridad porque las consideraban contrarias a la Ley. Y no les debía faltar razón, porque tenemos al primer Fiscal General imputado en la historia de la democracia.
La pataleta de Pedro Sánchez puede provocarle disgustos. Pretende hacer públicas las subvenciones de medios de comunicación y a lo mejor se encuentra con que son numerosas precisamente en los medios afines. Y se encontrará también -ya hay ejemplos- con jueces y fiscales considerados progresistas, que incluso no han ocultado sus simpatías por el socialismo, que, sin embargo, no dudan en aplicar la ley, sea quien sea el investigado o el que ha cometido delito. Y que no aceptan que, porque Sánchez necesita votos en el Congreso, pretenda hacerles tragar una ley de amnistía ad hoc para que afecte a sus socios y solo a sus socios.
A los jueces y periodistas que cumplen con su trabajo las maniobras para amordazarles les trae al fresco. Lo que tendría que preocupar a Sánchez es que, en su entorno, han perdido sus principios, quienes los tenían, y las biografías de personas muy cercanas han quedado manchadas para siempre. Incluida la suya propia, con una trayectoria plagada de mentiras, engaños y maniobras impropias de un jefe de gobierno democrático.