Ahora que en verano los pueblos duplican la población se hace notar más la existencia de la tienda rural, un testigo diario que da servicio y seguridad a muchas personas, sobre todo mayores y en épocas no estivales, para tener pan reciente y otros productos de necesidad y de proximidad de emprendedores locales.  
La tienda rural es un ejemplo claro de que la mal llamada España vaciada -un respeto a los que viven todo el año en el pueblo- no necesita de proclamas mesiánicas de representantes políticos que viven en las ciudades y que, sin conocer la realidad rural, hacen poco o nada para mejorarla. Estas tiendas, humildes pero necesarias, representan a todos los autónomos que trabajan y viven en los pueblos (del sector agropecuario, de bares o restaurantes, de servicio a domicilio, de actividades de ocio y tiempo libre, de talleres…), que contribuyen a crear empleo, a mantener o incrementar la población, pero que exigen -como el resto de vecinos- tener mejores servicios públicos para emprender y convivir.
Nuestras instituciones más cercanas (ayuntamientos, diputaciones, comunidad autónoma) llevan años empeñados -en mayor o menor medida- en mejorar los servicios públicos, además de establecer un marco favorable -aunque mejorable- para el emprendimiento y el empleo en el medio rural; pero se topan con Gobiernos nacionales como el actual, que practican una política que no favorece a los ciudadanos de los pueblos, empezando por su falta de interés para modificar y desarrollar una financiación autonómica que practique la solidaridad entre todas las comunidades autónomas -el pacto discrecional e insolidario del PSOE con los independentistas en Cataluña es una evidencia- y, sobre todo, que aborde el hecho diferencial de la extensión territorial de una autonomía como Castilla y León, con dispersión poblacional y envejecimiento, que ayude a una financiación adecuada de sus servicios públicos y dotacionales.