Medio año de guerra en la Franja de Gaza ha dejado más de 33.000 muertos, casi 76.000 heridos, cientos de miles de desplazados, una catástrofe humanitaria sin precedentes y pocas esperanzas de alcanzar una tregua, que pese a los incansables esfuerzos realizados por los mediadores -Egipto, Catar y Estados Unidos- no se ha podido materializar.
Desde el estallido de la violencia el pasado 7 de octubre, Israel y el grupo islamista Hamás tan solo pactaron un breve alto el fuego de una semana a finales de noviembre, que permitió el intercambio de 105 rehenes por 240 palestinos en cárceles hebreas.
Ese cese se rompió por acusaciones cruzadas y ante la incapacidad general de otros actores para ejercer influencia para una nueva pausa humanitaria, un clamor de la comunidad internacional reflejada incluso en resoluciones de la Asamblea General de la ONU.
Estados Unidos ha sido el principal garante de Israel y también el actor internacional más activo a la hora de buscar soluciones para «evitar que se vuelvan a repetir los ataques de Hamás del 7 de octubre», que dejaron alrededor de 1.200 muertos en territorio israelí, al tiempo que pidió al Estado judío una respuesta proporcionada.
Con el paso de los meses, la posición de Washington de apoyo incondicional e irrestricto a Tel Aviv se ha ido matizando y endureciendo, ante el clamor mundial y las presiones políticas internas, en el contexto también de las malas relaciones entre el presidente Joe Biden y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su gobierno de extrema derecha.
A finales del mes pasado, EEUU permitió con su abstención en la ONU la aprobación de una resolución que exige un alto el fuego inmediato, después de haber vetado hasta en tres ocasiones peticiones similares. Al tiempo que también ha advertido en repetidas ocasiones contra una posible invasión de Rafa y ha instado a que Israel permita el acceso de ayuda humanitaria, a lo que el Gobierno de Netanyahu ha hecho caso omiso.
Israel no solo ha continuado con sus políticas que cada vez más actores internacionales, ONG y organismos califican de genocidas, sino que ha mantenido su acceso al armamento estadounidense, a su multimillonaria ayuda económica para defensa y seguridad, así como su respaldo en foros internacionales.
Mientras, dos países árabes como son Egipto y Catar han sido claves en los intentos mediadores entre Israel y Hamás. El primero ha ejercido de interlocutor histórico entre ambos y Doha ha puesto de relieve su importancia al mantener buenas relaciones con Washington y con el movimiento islamista.
Diferencias insalvables
A pesar de los arduos esfuerzos para alcanzar una paz duradera, las negociaciones han visto la repetición de un mismo patrón: los mediadores han presentado a Hamás varias propuestas para un alto el fuego que Israel estaría dispuesto a aceptar, mientras que el grupo islamista responde con otras exigencias.
Sobre la mesa está una tregua inicial de unas seis semanas que incluya un nuevo intercambio de prisioneros por fases, pero todo está marcado por diferencias y matices.
Israel se centra en establecer la liberación de los 130 rehenes que quedan a cambio de presos palestinos, sin renunciar a su presencia militar en Gaza ni a la invasión de Rafa, donde están desplazados unos 1,5 millones de gazatíes.
Hamás exige un alto el fuego «integral» en la Franja, que durante el mismo se negocie el fin del asalto israelí, así como el retorno de desplazados al norte y la retirada de las tropas israelíes; algo que Israel ha calificado de «delirante».