La maldición que persigue a los presidentes de Perú ha alcanzado de lleno a su actual mandataria, Dina Boluarte. La impopular sucesora del golpista Pedro Castillo está más en entredicho que nunca al estar envuelta en numerosos escándalos, el último de ellos, el supuesto encubrimiento de su hermano tras desactivar la dirigente el grupo policial que apoya a los fiscales anticorrupción, horas antes del arresto de Nicanor Boluarte. A ello hay que sumar un presunto caso de enriquecimiento ilícito en el marco del caso Rolex que la salpica o su ausencia del Palacio de Gobierno durante 12 días por unos hipotéticos retoques estéticos. Todos ellos amenazan con dinamitar su mandato, si bien la líder andina continúa aferrándose al poder y ha descartado en todo momento dimitir.

Boluarte entró de lleno en el centro de la polémica a finales de marzo, cuando un equipo de unos 20 fiscales y otros tantos policías allanaron su domicilio personal, en el distrito limeño de Surquillo. 

Lo hicieron después de que el Ministerio Público abriera días antes una diligencia preliminar contra ella por la presunta comisión de un delito de enriquecimiento ilícito al no haber declarado una serie de relojes de lujo ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por lo que decidió citarla para testificar, si bien la presidenta no se personó. La Fiscalía consideró que su negativa frustraba la investigación, por lo que ordenó el registro de su vivienda para encontrar los objetos requeridos. Cinco horas después de entrar a la fuerza a su casa, los agentes salieron con maletines hacia su siguiente destino, el Palacio de Gobierno, donde estuvieron otras varias horas inspeccionando el despacho y la zona residencial del complejo.

DEFENSORES Y DETRACTORES

Una medida que el primer ministro, Gustavo Adrianzén, tildó de desproporcionada, ilegal e inconstitucional, y que dividió a los grupos políticos: mientras unos salieron en tromba en su defensa, otros vieron una oportunidad para resucitar la esperanza de unas nuevas elecciones. Entre los últimos se posicionó el partido marxista al que pertenecía la propia Boluarte, Perú Libre, que presentó al Congreso una moción de destitución en su contra que finalmente fue rechazada por el Congreso.

La presidenta, por su parte, definió lo ocurrido como «arbitrario y abusivo», afirmando que nunca ha existido ni rehusamiento ni rebeldía de su parte frente a la investigación fiscal. Aun así, no hizo ninguna alusión al origen de los relojes ni entonces ni ahora, cuando sigue defendiendo que estos objetos fueron un «préstamo» del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

El caso parecía estar quedando en el olvido cuando una nueva polémica volvió a poner la semana pasada a la dirigente contra las cuerdas: la detención preliminar de su hermano Nicanor Boluarte como parte de una investigación por presunto tráfico de influencias.
Según Anticorrupción, el familiar de la presidenta habría designado, sin que le corresponda, a prefectos y suprefectos, es decir, los representantes de confianza del Ejecutivo en las distintas regiones del país. Unos nombramientos irregulares estrechamente relacionados con la intención de recabar firmas para inscribir un partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Pero la polémica llegó cuando se conoció que, un día antes de su arresto, el Gobierno desarticuló la unidad de la Policía encargada de apoyar al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder. En teoría, la resolución se basó en unas supuesta «irregularidades» del organismo, si bien el Ministerio Público sostuvo que la decisión «tendría relación» con la orden de detención que se iba a emitir contra Nicanor Boluarte horas después.

La Fiscalía consideró que el Gobierno trató de encubrir al hermano de la presidenta con esta acción, por lo que abrió «diligencias preliminares» contra ella y su ministro del Interior, Walter Ortiz, como presuntos instigadores de delitos contra la Administración Pública, en la modalidad de abuso de autoridad.

RETOQUES ESTÉTICOS

Por si fuera poco, Boluarte también ha sido señalada por no haber dado las explicaciones oportunas con motivo de una ausencia sin autorización del Congreso en junio de 2023 que se prologó durante 12 días y que algunos medios sostienen que se produjo porque se sometió a una operación de cirugía estética. De confirmarse, la mandataria habría violado la Constitución por no haber comunicado su marcha para ser reemplazada.
Pese a las numerosas polémicas, desde el Gabinete presidencial han dejado claro en numerosas ocasiones que «no existe posibilidad de renuncia», si bien una nueva moción de censura presentada por varios congresistas amaga con cortar las alas a la presidenta y despojarla de un cargo maldito.