Fueran cuatro mil, según cifras oficiales, o treinta mil, según los organizadores, en ambos casos son muy pocas personas para un empeño tan grande como sustituir la forma del Estado, acabar con la monarquía parlamentaria para su sustitución por una república que acabe con la "excepción genética" que supone la sucesión en la Corona. Del mismo modo, relacionar la permanencia de la monarquía con la ausencia de una democracia plena, como ha hecho la secretaria general de Podemos, Ione Belarra es un salto mortal que no se compadece con la realidad de los países europeos que tienen la misma forma de Estado y que se encuentran en los primeros lugares en cuanto a la calidad de su democracia. En la sociedad española no hay pulsión de cambio de régimen.

Se cumplen diez años de la proclamación de Felipe VI como rey de España por las Cortes tras la abdicación de la Corona por su padre, Juan Carlos I, que había mantenido "conductas impropias", cuyo alcance real no se conocería hasta varios años después, que acabarían con su extrañamiento en Abu Dabi. Ambos movimientos han tenido como objetivo proteger a la monarquía. En su primer discurso como rey, Felipe VI lanzó dos mensajes, uno hacia dentro de la propia institución, cuando se comprometió a encarnar "una monarquía renovada para un tiempo nuevo", y otro para señalar que España es un país "donde cabemos todos".

A lo largo de este tiempo Felipe VI ha modernizado su Casa, que se rige por los criterios de regeneración y transparencia que previenen comportamientos lesivos para la Corona. Quienes no han entendido la segunda parte de su mensaje han sido los partidos nacionalistas e independentistas que, a la legitimidad de sus posiciones políticas, han unido desaires y actitudes descaradas y maleducadas que Felipe VI ha aceptado sin descomponer el gesto, sin alterar su papel institucional. Curiosamente, quienes hacen profesión de fe antimonárquica criticaron que el rey defendiera su papel como garante de la unidad de España, como le atribuye la Constitución, en su discurso del 3 de octubre de 2017.

La Corona goza de buena salud, por el empeño de los cuatro miembros de la Familia Real, pero no está exenta de riesgos. Los dos partidos sistémicos, que concitan el apoyo de la mayor parte de la ciudadanía son defensores de la institución. En el caso del PP no hay ninguna duda, y en el caso del PSOE y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que a menudo se acusa de tratar de minusvalorar el papel de Felipe VI o de no defenderle con suficiente empeño ante los ataques de sus socios de coalición, han frenado en el Congreso todas las iniciativas que se han pretendido tramitar en contra de la Corona.

Por su papel institucional, Felipe VI no puede defenderse de los ataques que recibe, pero tampoco de aquellos que lo defienden con demasiado ardor y tratan de apropiarse de los símbolos de todos. Su prestigio será mayor cuanta mayor equidistancia de unos y otros sea capaz de mostrar. Crecen también quienes, desde posiciones de ultraderecha ponen en cuestión su figura política, junto a otros que, por desconocimiento, desearían que hiciera lo que no puede hacer. 

Quizá en algunos momentos pueda echarse de menos que no desarrolle la función de arbitraje y moderación que le atribuye la Constitución, en especial en momentos en los que la crispación y el funcionamiento de algunas instituciones está en almoneda. El riesgo es que se entendiera que pretende 'borbonear' y el remedio sería peor que la enfermedad.