Su cuidador fue su asesino. Laura Plaza era una víctima de violencia de género de 82 años con dependencia cuando el hombre que la cuidaba, su pareja, la mató. La violencia machista contra mujeres dependientes y víctimas que atienden a un maltratador enfermo son dos de las casuísticas más complejas para salir del maltrato.

La dependencia, la discapacidad, la enfermedad mental y la tercera edad constituyen situaciones de extrema vulnerabilidad en la violencia de género. Sus víctimas están más aisladas y normalizan el maltrato, carecen de autonomía y muchas veces su única alternativa es estar a expensas de sus agresores.

Son muchos los factores que dificultan la detección de la violencia y que puedan pedir ayuda: el maltratador siempre está presente, no existe autoconciencia de ser víctimas, no disponen de medios económicos ni alternativas de futuro, se produce una banalización de las violencias en ocasiones incluso por parte de sus familias.

En el caso de que ellas sean las cuidadoras, la asunción de este papel ha sido central en sus vidas, sienten culpa por no atender a un hombre que conciben como desvalido e incluso justifican el maltrato recibido con la enfermedad, como explica la psicóloga clínica Cintia Vanesa Tiano Marano, que trabaja en un proyecto de Cruz Roja en Castellón.

«Como él está enfermo es aún más complejo poder desnaturalizar el hecho de que yo estoy sufriendo maltrato, va de perlas que esté enfermo porque me permite justificar que estoy sufriendo maltrato. Vemos que se repite el mecanismo de justificación, '¿cómo lo voy a denunciar, si está enfermo?'. Intervienen la dependencia, la culpa, la anulación: '¿qué va a hacer sin mí?'», sostiene Tiano.

Justificar la violencia con una causa externa es un mecanismo de defensa, continúa la experta.

La dependencia suele estar asociada con la tercera edad, y las víctimas de violencia de género mayores presentan historiales de décadas de maltrato de hasta 40 y 50 años.

En un diagnóstico que elaboró el Ayuntamiento de Madrid sobre este maltrato en mujeres mayores de 60, se descubrió que ser cuidadora o ser cuidada por el agresor es una de las causas que mantienen a las víctimas en los hogares violentos. También la dependencia económica.

Las creencias religiosas, los roles de género muy pronunciados, la vergüenza, la falta de apoyo de los hijos, el aislamiento y la normalización de la violencia también tienen un impacto en estos casos.

En muchos casos, las víctimas tienen movilidad reducida y no pueden siquiera salir de casa para pedir ayuda. La psicóloga clínica de Cruz Roja incide en que la intervención con estas víctimas requiere de más tiempo.

«Es muy importante hacer buenas valoraciones de qué está pasando en el círculo familiar, que la mujer pueda empezar a ver que el maltrato no tiene que ver con la enfermedad, sino con mecanismos de agresión que ninguna mujer deberíamos aceptar», subraya.

Una respuesta rápida

La Fiscalía General del Estado ha mostrado su preocupación por estos casos. En el último Seminario de Fiscales Delegadas/os de Violencia sobre la Mujer, presidido por la fiscal de Sala Teresa Peramato, se instó a actuar para dar una respuesta rápida a los casos en los que el maltratador es el único cuidador de la víctima o a la inversa.

«Cuando en el procedimiento penal se ponga de manifiesto una discapacidad intelectual o del desarrollo, deterioro cognitivo o problemas de salud mental de la víctima o investigado que les impida desarrollar de forma adecuada y efectiva las facultades inherentes a su persona, debemos incorporar a nuestra actuación un enfoque interseccional», aseguró la Fiscalía en sus conclusiones.

La intervención de la oficina de atención a las víctimas y de los servicios sociales comunitarios es crucial, según el Ministerio Público, que pedía la puesta en marcha en las comunidades autónomas y ayuntamientos de protocolos de coordinación con los órganos judiciales, la Fiscalía y los centros sociosanitarios «a efectos de dar una respuesta rápida y eficaz» a estas situaciones. La directora general de Igualdad y contra la Violencia de Género de Madrid, Ana Fernández, señala cómo las víctimas mayores consideran que tenían que aguantar el maltrato porque proceden de un contexto histórico en el que la violencia estaba normalizada dentro de los hogares.

El caso de Laura Plaza

Un alto grado de dependencia o una enfermedad terminal aumentan de forma exponencial el grado de riesgo al que están expuestas las víctimas, pudiendo llegar a ser letal.

Así sucedió con Laura Plaza, asesinada en enero de 2021 en Madrid: tenía 82 años, era dependiente y estaba a cargo de quien terminó siendo su asesino. Tras analizar su asesinato, el comité de crisis del Ayuntamiento detectó que ni los servicios sociales ni los servicios sanitarios habían hablado con la víctima, la interlocución siempre había sido con el agresor-cuidador.

De ahí salió la directriz de «mantener contacto directo con la persona vulnerable y sin la presencia de terceros que puedan condicionar sus verbalizaciones».

Además, cuenta la directora general de Madrid, se ha puesto en marcha una unidad móvil «para poder llegar a las mujeres que estaban en una situación de violencia y que por razones de edad, movilidad o dependencia no podían acercarse» al recurso de atención a las víctimas.

Se llevó a cabo una formación en violencia de género para las personas que están en contacto con la tercera edad: con el objetivo de que desde la atención a domicilio, la teleasistencia, los centros de día y las residencias de la tercera edad se puedan detectar casos. Y el maltrato puntúa en la baremación para el acceso a centros residenciales.

En Andalucía, por ejemplo, el Servicio Andaluz de Teleasistencia, que cuenta con un protocolo específico de detección de violencia machista, detectó entre 2021 y 2023 un total de 162 casos de violencia de género que fueron derivados a servicios especializados.