El chantaje ha vuelto a triunfar en la política española. Pedro Sánchez y todo su Gobierno hicieron ayer el mayor de los ridículos en una votación esperpéntica después de unas últimas horas en que el presidente cedió nuevamente al ultimátum de Puigdemont ante sus amenazas para tumbar los tres decretos que debían convalidarse. Nuevas cesiones de Sánchez a los independentistas catalanes permitieron sacar adelante el decreto ómnibus, en el que se incluían, entre otras, las medidas para la digitalización de la justicia, necesario para desbloquear 10.000 millones de euros de fondos europeos; y, tras una segunda votación, la iniciativa de medidas contra la crisis, que incluye la reducción del IVA de alimentos, energía y ayudas al transporte. Sin embargo, los esfuerzos no sirvieron para aprobar el decreto que regulaba la reforma de los subsidios de desempleo y las medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar, ya que fue tumbado por la oposición de los cinco diputados de Podemos.
Todo este sainete vivido en el Congreso de los Diputados, reunido ayer en el Senado debido a las obras de reforma de la Cámara Baja, resulta inimaginable en una democracia consolidada como la española, que está adquiriendo tintes surrealistas. Dos meses después de alcanzar un pacto, que el propio Sánchez aseguraba que dotaba de estabilidad a la legislatura, el presidente y todo el Ejecutivo fueron humillados en el Parlamento por sus propios socios, quienes demostraron que cada votación va a ser utilizada para sacar provecho personal y político, olvidándose del interés general. Ya lo dejó meridianamente claro Míriam Nogueras, portavoz de la formación independentista Junts, cuando espetó al Gobierno que "nuestros votos están al servicio de los ciudadanos de Cataluña y de nuestro país, no al suyo ni al del reino".
Tras la bochornosa jornada, Pedro Sánchez debería replantearse el pacto de investidura e incluso cómo va a discurrir la legislatura si en cada iniciativa del Gobierno hay que ceder a las pretensiones de partidos independentistas, nacionalistas y comunistas. Quizás tendría que replantearse si merece la pena continuar por esta senda de chantajes o convocar unas elecciones que despejen el camino a alguna de las opciones mayoritarias votadas por los españoles. Desde luego, ahora no se puede mirar hacia el PP y exigir responsabilidad cuando hace unas semanas se pretendía levantar un muro desde el Gobierno. El partido de Carles Puigdemont explicó que su abstención se debió a un acuerdo que incluye la delegación de las competencias sobre inmigración, la publicación de las balanzas fiscales y la supresión de un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como la rebaja del IVA del aceite al 0% y la asunción por parte del Estado de la totalidad del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público. A este paso, Sánchez se quedará sin competencias que ceder a la Generalitat y se incrementará cada vez más la desigualdad entre españoles.