La noticia de que el Gobierno de coalición, formado por el PSOE y Sumar, se plantea acabar con el régimen fiscal de las socimis (sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario) ha hecho saltar todas las alarmas en el sector de la construcción y, especialmente, entre las dos principales compañías afectadas en España, Merlin Properties y Colonial. Ambas sociedades están a la espera de saber si el Ejecutivo tendrá los votos suficientes para llevar adelante esa reforma y no descartan, como ya hizo Ferrovial, trasladar sus sedes sociales fuera de España si finalmente el Ejecutivo decide suprimir el régimen de socimis del que se benefician y que les permite pagar un 1% de Impuesto de Sociedades, frente al 25% de tipo general.

El presidente de Colonial, Juan José Brugera, subrayó que la empresa reevaluará su estrategia de inversiones, incluida la «ubicación de sus actividades», al mismo tiempo que Merlin lanzó un comunicado en el que defendió que baraja «todas las posibilidades».

La posible eliminación de las socimis supondría una reducción de entre el 7% y el 9% en el beneficio de Merlin Properties y de entre el 1% y el 5% en el de Colonial, según los cálculos del banco de inversión Jefferies, que recordó que la primera tiene el 88% de sus activos en España y la segunda el 30%.

En su última cuenta de resultados anuales, Merlin dedicaba un capítulo entero a informar de su contribución fiscal, que en 2023 alcanzó los 169,7 millones de euros, de los que un 30,4% (51,5 millones) corresponden a impuestos pagados directamente y un 69,6% (118 millones) a los recaudados.

En cuanto a Colonial, su contribución fiscal el año pasado fue de 151,8 millones, el 55% en España, donde pagó directamente 35,6 millones y recaudó 48,2 millones de euros para entregar a Hacienda.

Sin embargo, las socimis pagan en torno a un 1% del Impuesto de Sociedades frente al 25% del tipo general de las empresas al cumplir ciertos requisitos, por lo que la factura fiscal de ambas, en caso de no existir este régimen, sería muy superior.

Entre esos requisitos está que distribuyan a sus accionistas, como mínimo, el 80% de los beneficios, tener en cartera todas sus adquisiciones un mínimo de tres años, cotizar en Bolsa, contar con un capital flotante del 25% y distribuir un mínimo del 50% de los beneficios generados por la transmisión de inmuebles o participaciones.

PSOE y Sumar cerraron el pasado lunes un acuerdo fiscal para gravar a la banca, los apartamentos turísticos y los yates, que también incluye la supresión del régimen fiscal especial de las llamadas Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (socimi).

A cierre del ejercicio de 2023, había 116 socimis cotizando en España con una capitalización bursátil de 24.000 millones. La regulación de las socimi en España se fijó en una ley de 2009 con el fin de dotar de liquidez a las inversiones en el sector inmobiliario, asegurando un flujo continuo de inversiones.