Nuestros antepasados vivían con el valor del honor y la palabra como principios de convivencia y credibilidad. Vivimos un tiempo en el que el valor de la palabra parece no estar de moda. O eso, al menos, es lo que nos intentan normalizar algunos dirigentes y gobernantes políticos. Por sus acciones les vamos conociendo. Mientras, los ciudadanos asistimos perplejos ante decisiones que antes de las elecciones nos vendían como inadmisibles para los intereses de España, y ahora han cambiado de opinión asegurando y aprobando acuerdos, sin credibilidad social mayoritaria -apoyados por minorías que actúan contra el Estado español-, que dicen ser  «buenos para la convivencia democrática», cada vez más deteriorada por la mala práctica política.
El refrán castellano «dónde dije digo, digo Diego» lo usamos cuando una persona se desdice, se retracta o cambia su discurso, a veces arrepintiéndose o simplemente negando lo dicho anteriormente; este refrán expresa los cambios de opinión ante la misma situación dependiendo del interés del momento para la persona que utiliza esta frase.
Un ejemplo claro, sobre todo por su uso habitual, es el presidente del Gobierno, que en este último mandato se ha suscrito a dicho refrán -para contentar a las minorías que le apoyan- con el único objetivo de mantenerse en el poder -se limita a sobrevivir, con todo el poder, sí, pero sin auctoritas, sin credibilidad-, renunciando a gobernar en democracia, sin aprobar presupuestos para mejorar los servicios públicos, ni acuerdos con la representación mayoritaria de la sociedad para dar estabilidad a la nación -sí acuerda con minorías con intereses insolidarios entre territorios-, ni haciendo pedagogía para respetar los principios básicos que marca la Constitución…
El presidente Sánchez no ha respetado lo que defendía cuando estaba en la oposición o lo que proponía cuando se presentó a las elecciones: entonces rechazaba la amnistía a los independentistas -ahora lo justifica por la «convivencia» en Cataluña, cargándose el principio de igualdad y perjudicando la convivencia en España-, o la desigualdad en la financiación de los territorios -en un Estado autonómico habla ahora de federalismo, con financiación a la carta para Cataluña, y ahora dice que también para los demás (?), con más ingresos, pero a costa de más impuestos-, o la invasión del Gobierno en organismos independientes del Estado: la Fiscalía, TVE, el CIS…, y ahora el Banco de España, retomando una costumbre franquista de nombrar, a dedo, a un ministro de su actual Gobierno para presidir un órgano regulador que es el representante en España del Banco Central Europeo.
El Gobierno de Sánchez ha generalizado una captura política de órganos independientes que está degradando su credibilidad. La confianza, el buen funcionamiento y la independencia de estas instituciones son, en el tiempo, un factor determinante del crecimiento social y económico del país.
En contra de los valores y costumbres de la Unión Europea, para Sánchez no existe marco democrático capaz de limitar su actual voluntad de hacer lo que le dé la gana. Salvo que dimita o le echen en las urnas. Cuando toma decisiones contrarias a lo que prometió en campaña electoral –donde dije digo…-, como la aprobada amnistía a los condenados independentistas, o como la mal llamada 'financiación singular' -a favor de Cataluña, en perjuicio de las demás autonomías-, el presidente del Gobierno tenía que haberlo consultado con todos los españoles, bien con un referéndum o a través de elecciones generales, porque lo que ha acordado, cambiando de opinión respecto a lo que prometió en las urnas, es de interés general para toda la sociedad española.
Sánchez se empeña en que su forma de hacer política desde el Gobierno se parezca al caudillismo, el nepotismo y la traición de los valores socialdemócratas que intentaron practicar en España los gobiernos socialistas de Felipe González. ¡Qué poco socialista -cuyos valores se asientan tradicionalmente en la justicia, la igualdad, la solidaridad…- es el actual PSOE sanchista!
Y suma y sigue. Por ejemplo, esta semana Sánchez, con toda su desfachatez, ha acusado al PP -actualmente en la oposición, aunque es el partido mayoritario en el Congreso y en el Senado- de los problemas de la vivienda, la justicia fiscal o la inmigración en los últimos 20 años, cuando él y su partido, el PSOE, llevan 6 años en el poder, más los 8 años que gobernó el socialista Zapatero, sin llegar a soluciones al respecto durante 14 años.