Diez años después de caducar su vigencia, la aguja sigue perdida dentro del ovillo del modelo de financiación autonómica. Y los últimos acontecimientos vinculados a un posible 'cupo catalán' no han hecho más que enmarañar una montaña rusa de números, variables y exigencias territoriales ante un sistema con el que ninguna comunidad parece estar contenta: todas piden más recursos pero aportando menos. La cuadratura de un círculo encargado de sostener los puntales del Estado de Bienestar: sanidad, educación, servicios públicos y servicios sociales. Una batalla por la reforma del modelo de financiación autonómica en la que Castilla y León lleva plantada en la misma trinchera desde hace una década con un nítido mensaje: el sistema debe cubrir el coste real de los servicios que presta. Pero, ¿cómo le ha ido a Castilla y León en los diez años que lleva caducado el modelo de financiación autonómica? Los datos reflejan que la Comunidad ha sido la cuarta en la que menos han crecido los recursos del sistema de financiación entre 2014 –año en que finalizó la vigencia del modelo– y 2022 –último con datos de liquidación–.
Los informes anuales publicados por Fedea y analizados por este periódico revelan que Castilla y León ha pasado de ingresar 6.530 millones de euros de financiación efectiva a competencias homogéneas hace una década a los 9.205 del año 2022. Una cuantía histórica para la Comunidad pero que, según la Junta de Castilla y León, sigue sin servir para hacer frente a la singularidad territorial autonómica –gran dispersión territorial y elevado envejecimiento– ni para financiar los servicios públicos que se prestan. Cifras que reflejan un avance del 41% en ocho años, el cuarto más bajo solo por detrás de Castilla-La Mancha, Cantabria y Asturias. Este menor crecimiento respecto a otras comunidades no oculta que el sistema de financiación aportó a Castilla y León 2.370 millones por encima de sus ingresos tributarios. No obstante, el Consejo de Cuentas calculó que a pesar de recibir más de lo aportado, la Comunidad arrastra un déficit crónico del sistema de financiación que ronda los 400 millones anuales y subiendo.
En el extremo opuesto, las regiones en las que más han crecido las transferencias del modelo de financiación entre 2014 y 2022 fueron Baleares, Canarias y Madrid. Precisamente, Madrid y Baleares son, junto con Cataluña, las tres únicas que aportan al Fondo de Cooperación, encargado de corregir las desigualdades entre territorios.
Partida, junto a otras, que ahora queda en el aire ante el principio de ordinalidad del pacto PSC-ERC que limita la solidaridad de Cataluña con el resto de regiones, convirtiéndose en una suerte de socio mayoritario: el último en pagar y el primero en cobrar. Este principio de ordinalidad establece que Cataluña recibirá en función de lo que aporte, es decir, si es la que más aporta deberá ser la que más recibe.
¿Cómo se calcula el reparto?
La tarta del modelo de financiación autonómica necesita múltiples ingredientes para cocinarse antes de repartirse. El principal es la capacidad tributaria de cada comunidad, es decir, los impuestos del Estado –IVA, IRPF, sociedades...– que recaudan las administraciones autonómicas para después enviar a Hacienda. En el caso de Castilla y León, esta variable supone el 75 por ciento de lo que finalmente recibe del modelo. Los distintos informes de Fedea significan que la Comunidad ha pasado de unos ingresos tributarios homogéneos de 5.100 millones en 2014 a 6.900 en 2022, un 35% más, siendo la quinta de España con menor avance de la recaudación.
A esto luego hay que sumarle los distintos fondos que completan el engranaje tributario y que actúan a modo de 'toppings' dentro de la tarta del sistema de financiación. Entre estos fondos habilitados de los que beben los recursos que recibe Castilla y León el principal foco de problemas es el Fondo de Garantía, alimentado de los ingresos tributarios teóricos de las comunidades y de una aportación estatal. Este se encarga de nivelar los mismos recursos por habitante, pero de manera ajustada, e introduce variables correctivas demográficas, la dispersión, la insularidad, etcétera, y que en 2022 supuso el 15% –1.338 millones– de los 9.205 millones que recibió la Comunidad.
Es aquí donde se centra la principal exigencia de la Junta de Castilla y León, que quiere que dentro de este Fondo se aborde «una mejora del diseño de la población ajustada que tenga en cuenta las singularidades de Castilla y León derivadas de su superficie, dispersión, baja densidad y envejecimiento, y que permita corregir la infrafinanciación».?El último documento remitido desde el Ejecutivo autonómico al Ministerio de Hacienda le instaba a incorporar en este «la perspectiva demográfica en el sistema, corrigiendo el modelo actual para dotar a las comunidades con retos demográficos de una financiación justa y equitativa, para que la pérdida de población no suponga una pérdida inmediata de recursos por la menor recaudación tributaria y menor participación en el Fondo de Garantía».
El segundo en liza es el Fondo de Suficiencia, que fija el importe para igualar los recursos de cada comunidad a las necesidades de gasto. Este aportó a Castilla y León 610 millones en 2022, el 6,5%.Y por último, el Fondo de Cooperación y Competitividad, pagado por el Estado y las comunidades 'ricas': Madrid, Cataluña y Baleares. Está encargado de promover la convergencia entre comunidades en términos de renta per cápita, lo que en Castilla y León se tradujo en 447 millones (4,7%). Unos fondos que podrían verse esquilmados si Cataluña sale del sistema de financiación y limita su aportación a estos tres fondos al principio de ordinalidad.