A la vista de un observador imparcial, la secuencia de acontecimientos que relatan lo sucedido con la 'ley de amnistía', que ayer escribió un nuevo capítulo y se apuntó el dudoso exotismo histórico de ser recurrida por la única comunidad gobernada con mayoría por el mismo partido que el que promulga el texto, debe resultar apasionante. A la luz de los hechos, se quedan cortos algunos aforismos que enseñan que la realidad siempre supera la ficción. Un candidato a la Presidencia del Gobierno, el supuesto primer y mejor garante de la división de poderes que consagra toda democracia higiénica, niega rotundamente que esté dispuesto a mancillar la Constitución y sus principios de igualdad redactando leyes para beneficiar personalmente a aquellos representantes de partidos cuyos votos pueden decidir su investidura. El candidato pierde las elecciones, pero revierte lo prometido a sus votantes y capitula a las exigencias de sus socios, todos militantes en el anticonstitucionalismo radical y muchos señalados por delitos políticos, de corrupción y de terrorismo. Logra la investidura y culpa a los vencedores de no hacerle presidente a él, que ha perdido en las urnas.

Llega el momento de cumplir y, por una vez en toda su carrera política, cumple. Pero cumple con quienes le van a investir, no con el resto de los españoles, incluyendo a millones de sus votantes. La manida 'ley de amnistía' levanta ampollas en el estamento judicial. En casi todo, porque a estas alturas del relato el Constitucional ya está dominado políticamente por el partido del presidente y la Fiscalía General del Estado se asemeja mucho a la del partido en el poder, así tenga que alfombrar toda suerte de maniobras de dudoso encaje jurídico y pésimo gusto estético.

Las comunidades autónomas se levantan contra lo que consideran un atentado a la igualdad de los españoles, afrenta que además es coincidente en el tiempo con el pago de la segunda letra de la hipoteca del presidente: condonación de duda y privilegios económicos para unos en detrimentos de todos. A ojos de Moncloa y Ferraz, es insultante que esas comunidades, entre las que, ay, se encuentra Castilla-La Mancha, defiendan que sus ciudadanos no son menos que los de Cataluña o los que tiene un puñado de escaños más en el Parlamento. Piden la nulidad de la ley, recusan a magistrados que han sido ministros -qué cosas- del presidenciable beneficiado con el enjuague y se defienden de las acusaciones de fascismo o traición -depende de quién firme el recurso- por no arrodillarse ante tamaño atropello. Y todo sucede en un país inserto en la Unión Europea que cotiza en eso que se llama el mundo desarrollado. ¿Es o no es fascinante?