Escribo desde el más absoluto desconocimiento sobre cómo funciona el mercado del trabajo más allá de mi propia experiencia profesional -asalariada durante décadas, colaboradora y autónoma durante años- y la experiencia de quienes me rodean. Por tanto, de cuestiones laborales sé lo justo, aunque estudié a fondo la reforma laboral del gobierno de Rajoy y la reforma posterior de Pedro Sánchez; ayudada por quienes estaban en condiciones de explicarme la relevancia de una y de otra.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo está empeñada en reducir la jornada laboral sin reducción del salario, y pretende firmarla sin acuerdo con la CEOE y con Cepyme, las grandes, medianas y pequeñas empresas, que son quienes dan más trabajo a los españoles. No puede ser casual que justo cuando el gobierno promueve una ley que rechaza quienes crean más empleo, anuncie ese gobierno la convocatoria para cubrir 220 mil plazas de funcionarios. Que son muy bienvenidas, desde luego, pero que llegan en un momento en el que el ministerio de Trabajo necesita un sospechoso titular de benefactor, y lo hace además un gobernante que ha dado motivos más que sobrados para sospechar de la rotundidad de los titulares que da él mismo o cualquiera de sus ministros, porque la mayoría de ellos no se cumplen o duermen el sueño de los justos.

Desde la ignorancia, el sentido común dice que un acuerdo de reducción de jornada que no asumen los empresarios, no puede ser bueno, porque son ellos los que crean casi todo el empleo. Dice también el sentido común que si tras la subida del salario mínimo se reduce la jornada laboral, los grandes, medianos y pequeños empresarios tendrán que buscarse la vida para cumplir sus objetivos … y se verán obligados a contratar más personal o a ofrecer a los reducidos que hagan horas extras para cumplir esos objetivos. Eso cuesta dinero. Tanto, que es probable que infinidad de empresarios no puedan costearlo, y se vean obligados a reducir plantillas … o al cierre, lo que significa despidos y desempleo.

Trabajo pretende firmar el acuerdo con los sindicatos y con una nueva patronal de pequeñas y medianas empresas de escasísima entidad por el número de afiliados pero con una importante madrina, la mujer del presidente de gobierno. Extraño ¿no? Raro.

Insisto. Desde la ignorancia, pero con sentido común, no es difícil concluir que en esta España plagada de incertidumbres porque no manda el gobierno sino los socios que le ponen sobre la mesa exigencias que no aceptaría ningún gobierno democrático; una España con un gobierno que no ha podido aprobar los Presupuestos Generales del Estado y sin perspectivas de aprobar los del año próximo, esa reducción de horas trabajadas se asemeja bastante a una incongruencia.

Que los trabajadores merecen las mejores condiciones laborales no lo discute nadie, al contrario. Pero si merecen lo mejor, hay que garantizarles seguridad en el empleo. Y con esta reducción no parece que las empresas puedan garantizar trabajo indefinido a sus empleados.