Nueva bronca en la sesión del Congreso, idéntica a la anterior y a la anterior y a la anterior... para nada. Pedro Sánchez esbozó su propuesta de "proyecto de regeneración democrática" de forma intencionadamente imprecisa. Lo que no evitó que la derecha volviera a aprovechar los escándalos que rodean a Moncloa y le acusara de atentar contra la libertad de expresión.

El vocerío, la crisis del "socio" ERC, que no encuentra la fórmula para apoyar la investidura de Salvador Illa, y la crisis de Sumar, anuncian la dificultad de lograr un pacto para sacar adelante unas medidas que tienen como tope el artículo veinte de la Constitución.

Por eso, Sánchez se hartó de citar el pacto, denominado: Reglamento Europeo de Libertad de los medios de Comunicación. Tal vez el mayor error del PSOE sea el desacierto de hacer coincidir en el tiempo las declaraciones ante el juez de Begoña Gómez y el empresario "amigo" Barrabés, (y su revuelo mediático), con la machacona y pesada denuncia de los pseudo medios.

Tal vez Sánchez debía, tras su carta de meditación por el tema, su regreso y las noticias posteriores, haber convocado una rueda de prensa en Moncloa para explicar el origen, apoyos y financiación del máster dirigido por su mujer. La democracia exige transparencia y habría que empezar por la presidencia del Gobierno.

La obligación de los medios es informar de lo que sucede, afecte a quien afecte, y su familia no se libra de la norma. No son los pseudo medios los que han dado cuenta de las reuniones en Moncloa.

Todo esto no pone en cuestión la necesidad de una legislación que obligue a conocer quiénes son los propietarios de los medios y la financiación que reciben tanto del Estado como de las fuerzas políticas. Ese dinero, imprescindible para su supervivencia, hace inclinar su línea editorial en un sentido o en otro. Los británicos, con su larga tradición democrática conocen muy bien quién y cómo se subvencionan sus tabloides.

Y, como la propuesta tenía que tener también su "regalo", ha anunciado que se destinarán cien millones de euros para ayudar a la digitalización de los medios. La pregunta que surge de inmediato es: ¿quien va a controlar el reparto y los destinatarios de esos fondos? Como la regeneración abarca muchas áreas, tampoco quiso dejar fuera una reforma de la ley electoral que fije la obligatoriedad de los debates en campaña y obligar a las empresas de encuestas a publicar los datos y la metodología de estimación de resultados. Del CIS y su descrédito ni una palabra. De Tezanos y sus errores, siempre a favor de parte, ni una palabra.

Las propuestas, imprecisas como se ve, están ya habladas con los socios de Gobierno. Pero el mayor empeño de Yolanda Díaz es la derogación en el Código Penal de las injurias contra la Corona. Como también se quiere reformar el derecho al honor y el derecho de rectificación, lo único que va a salir gratis es insultar a Felipe VI y a su familia.

Pero queda tanto tiempo para que este macroproyecto vea la luz, que todos tranquilos.