A medida que pasan los días y se conocen más datos acerca de la gestión que se llevó a cabo en las horas previas a que hiciese eclosión la DANA que ha devastado más de 70 localidades de la Comunidad Valencia crece la indignación ciudadana y se constata la negligente actuación que desempeñaron los responsables de coordinar todo el operativo y de dar los correspondientes avisos de emergencia. Una negligencia que se ha extendido también a los días posteriores y que ha dejado indefensos a miles de ciudadanos durante varios días hasta que han empezado a contemplar un despliegue de efectivos, más allá del voluntariado que hizo acto de presencia desde el minuto uno, acorde a las dimensiones de la tragedia que se ha sobrevenido.
Una negligencia, una falta de capacidad, de la que no escapan ni la Comunidad Valenciana ni el Gobierno central y que obligará a que, llegado el momento, se depuren responsabilidades políticas, porque un episodio de estas características no admite ninguna excusa, y menos las que se están tratando de dar tratando de atribuir a los demás las responsabilidades que cada administración debía haber adoptado viendo la tragedia que se cernía y que, aunque tuvo unas dimensiones desproporcionadas, si se hubiese actuado con una mayor diligencia, teniendo en cuenta los medios con los que se contaban, se podían haber evitado muchas muertes.
Es evidente que esa ineptitud de muchos responsables políticos para hacer frente a este episodio, tanto en los momentos previos como en los posteriores, ha quedado palpable, pero lo que está por venir exige que se dejen a un lado todo tipo de confrontaciones y se centre la atención en lograr que esos miles de ciudadanos que lo han perdido todo recuperen la normalidad en el menor tiempo posible. Y ahí tanto la Comunidad Valenciana como el Gobierno central ya han aprobado los primeros paquetes de ayudas que deben llegar con celeridad a los ciudadanos. Porque de poco sirve dar luz verde a esas aportaciones económicas si no se facilita a los damnificados su acceso a las mismas. Y ahí las administraciones deben bajar al lodo y acercarse a unos ciudadanos que lo han perdido todo para que esa tramitación sea lo más sencilla posible y al alcance de todo el mundo.
La tramitación digital ha ido ganando terreno en las relaciones con las administraciones, hasta el punto de que el contacto presencial es casi testimonial y cuando se necesita es bastante complicado, con toda una serie de trámites que desesperan. Ante la situación que se ha vivido en estas localidades, si cabe aún más que en otras circunstancias, es fundamental que sobre el terreno se despliegue a los funcionarios de las distintas administraciones (local, provincial, autonómica y estatal) para que ayuden a gestionar esas ayudas sin causar más trastornos de los que ya se han padecido. Porque para muchos ciudadanos esa tramitación digital va a ser imposible de llevar a cabo y van a necesitar que se refuerce esa presencia física de forma exponencial. Y esa experiencia no se deberá despreciar para lograr que las relaciones del ciudadano con la administración no sean cada vez más distantes.