El secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha trasladado este miércoles a los agentes sociales la voluntad de trabajar en torno a la posibilidad de incorporar paulatinamente la jornada laboral de 37,5 horas, dando plazos más flexibles a lo largo de 2025, con lo que pretende lograr así un acuerdo que incluya a CEOE y Cepyme.

Tras reunirse con los agentes sociales en una nueva cita de la mesa de diálogo social sobre reducción de jornada sin merma salarial, Pérez Rey ha precisado en rueda de prensa que la reunión ha sido "constructiva", por lo que ya no encuentra ninguna "objeción de calado" por la que no sea posible llegar a un acuerdo que incluya a todas las partes.

En este sentido, Pérez Rey ha indicado que se ha discutido principalmente sobre tres ejes respecto a los que el Ministerio de Trabajo está abierto a negociar.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, durante la rueda de prensa de hoy - Foto: Rodrigo Jiménez / EFE

Estas ejes incluyen la ya mencionada incorporación paulatina de la reducción de jornada, con lo que en lugar de tener vigentes las 37,5 horas a 1 de enero de 2025, como estaba previsto en el acuerdo del Gobierno de coalición, se puede hablar de una incorporación más flexible a lo largo de todo el año "introduciendo más permisos adicionales o más vacaciones" u otro tipo de medidas.

En segundo lugar, el secretario de Estado ha comunicado que el Ministerio está dispuesto a incluir la posibilidad de distribuir irregularmente el tiempo de trabajo, como ya se adelantó en la anterior reunión que tuvo lugar la semana pasada. En tercer lugar figura el derecho a la desconexión digital, profundizando en este derecho en plena época de transición digital.

Asimismo, Pérez Rey ha informado de que el 29 de julio se celebrará la próxima reunión, en la que se intentará llegar a un acuerdo, al tiempo que no ha querido concretar si el nuevo escenario de flexibilización que se plantea para implantar la reducción de jornada implica renunciar a contar ya en 2024 con la reducción a 38,5 horas, para lo que se necesitaba cerrar el texto legal antes de agosto.