La Comunidad de Madrid ha concedido la gran cruz de la Orden del 2 de Mayo al ya desaparecido grupo "Crónica" (periodistas de la transición), del que este columnista fue cofundador hace más de cuarenta años.
Lo tomamos como un reconocimiento a la importancia del trabajo que este grupo ha venido haciendo bajo la línea de flotación de la actualidad política. Es decir, el que consiste en acceder a las claves no visibles de lo que los medios de comunicación ponen a disposición de la opinión pública. A menudo ese acceso se lleva a cabo por cauces no reglamentados, como en el acto de entrega de estas distinciones tuve la ocasión de explicar el pasado jueves en la sede de la Comunidad.
El grupo Crónica, gloriosamente fenecido a raíz de la pandemia que nos rompió la cintura a todos, fue justamente eso. Simplemente, un método. Una vía suplementaria de acceso a las claves de la actualidad política que se basaba en lo que llamamos la conversación "off the record" con el invitado. Ni más ni menos virtuosa, ni más ni menos eficiente, que una rueda de prensa, una entrevista o el producto de eso que llamamos "periodismo de investigación".
Por nuestros almuerzos de los jueves, a lo largo de las últimas décadas, pasaron primeros actores de la vida pública. Allí se manejaron asuntos de mayor cuantía. Pero ninguno de nosotros corrió a dar una exclusiva obtenida gracias a la confianza mutua entre el periodista y el invitado, en virtud de un pacto no escrito que contribuía -o al menos esa era la idea- a que el lector, el radioyente, el telespectador, el ciudadano, formase criterio sobre bases mejor informadas, sobre bases más sólidas.
Fue nuestra aportación a un régimen de opinión pública como el nuestro y estamos encantados de que así se haya reconocido. Justamente ahora que el poder demoniza la difusión de noticias veraces que escapan al control del Gobierno. Las noticias generan estados de opinión, cierto, pero no hacen procesos de intención ni anticipan sentencias judiciales.
Toda esa dinámica se produce en unos marcos legales (artículo 20 de la Constitución Española) que protegen la libertad de expresión, el secreto profesional y el derecho a comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de difusión.
Para los "seudomedios", los "bulos", la difamación, la injuria, la calumnia, los ataques al honor o la imagen de terceros, hay una amplia panoplia de resortes penales y administrativos disponibles frente al desbordamiento de los límites en el ejercicio del periodismo.
¿A qué viene entonces ese amago de revisar la legislación que afecta al papel de los medios de comunicación? ¿Solo porque los titulares del poder ejecutivo salen perdiendo en la creación de estados de opinión alimentados de noticias verificables y verificadas?