OPINIÓN.- Tras los acuerdos con Puigdemont y otros, llegamos a una investidura para presidir el Gobierno de España, donde el candidato Pedro Sánchez se asegura el poder a cambio de cesiones al independentismo que provocan una quiebra en la confianza requerida para la convivencia. Sánchez se asegura el poder, pero pierde credibilidad ante los ciudadanos, cada vez más disconformes y molestos por los cambios de valores democráticos sin justificar. 
Tras unos días de secretismo y medias explicaciones sobre sus pactos antisistema, para justificarse ante sus seguidores -quizá no convencidos-, ahora Sánchez ha reivindicado en su discurso de investidura que está justificado dicho pacto con los independentistas, que incluye la amnistía, como muro de democracia frente a PP, Vox (¡Vaya explicación para justificar su obsesión de poder!) –lo que quiere decir, sin más, que sigue su política frentista y contra la oposición-; sin obviar las  alusiones que Sánchez hizo en la tribuna del Congreso, sin rigor y muy descorteses –la elegancia no es su fuerte-, contra el Gobierno de la Junta que representa a Castilla y León. 
¿Acaso PP, Vox y otros partidos no son democráticos? ¿Son más democráticos partidos independentistas como Junts o Bildu, que cuestionan permanentemente al mismo Estado español –sin olvidar la no condena de ETA-, o los radicales sin rubor de Podemos, ahora Sumar, o el propio PSOE? Quizá este mensaje frentista y sectario contra gran parte de la representación ciudadana, y otros hechos como la amnistía o la financiación o condonación  'a la carta',  justifiquen el cabreo y malestar de los ciudadanos, manifestado puntualmente en la masiva manifestación del pasado domingo en toda España. 
Pedro Sánchez no se molesta en explicar por las calles y plazas de España su pacto para sacar adelante la amnistía, y menos se atreve a que sea diagnosticado por los españoles en unas nuevas elecciones generales, para que decidan los ciudadanos, porque conviene no olvidar que el PSOE se presentó a las elecciones del pasado 23 de julio negando la amnistía, y ahora la aprueba. ¿Esto no es fraude electoral, engañando a sus votantes? ¿Esto no es corrupción institucional?
Amnistía que no logrará que la sociedad española olvide los hechos ocurridos en Cataluña en octubre de 2017, que derivaron en unas sentencias judiciales democráticas y transparentes, que condenaron a Puigdemont, Junqueras y compañía, quienes de una manera reiterada, consciente y deliberada incumplieron la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Y Sánchez y el PSOE estuvieron de acuerdo con esta sentencia y sus consecuencias que ahora deslegitiman, cacareando en sus declaraciones públicas de aquellos días que el Estado de Derecho no se cuestiona, se cumple, y señalando al prófugo Puigdemont a que vuelva a España y se someta a la Ley. Qué curioso, ahora el Gobierno le pone escolta fuera del país. Porque es el hombre que tiene que proteger Sánchez para conseguir la investidura. Una vez es presidente electo, ya veremos qué pasa con el prófugo. ¿No es así, señor Sánchez, tan acostumbrado a transformar la verdad en mentira?
A través de dicha amnistía Sánchez y Puigdemont pactan borrar los hechos sentenciados del 'proces' catalán y perdona a sus protagonistas, además de aceptar mediadores internacionales para discutir el referéndum de autodeterminación. Y aunque el PSOE se atraganta para explicarlo, y mal, Puigdemont y los suyos se jactan de crear comisiones ('lawfarer'), según ellos, para investigar a los jueces «por prevaricar» contra los golpistas del 1-0 de 2017. ¡Qué fuerte! 
Todas las asociaciones jurídicas y administrativas del Estado denuncian que esta amnistía quiebra la separación de poderes y la igualdad entre las comunidades autónomas y, por ende, entre los españoles. ¿Qué tiene que decir al respecto el PSOE de Castilla y León? ¿En qué beneficia todo esto a los palentinos y a los castellanoyleoneses? ¿Es que nadie en el PSOE es capaz de reflexionar en frío sobre lo que pasa y alzar la voz contra su jefe, Sánchez?
El PSOE contraviene su historia como partido de Estado y deslegitima su oposición al 'proces' al ceder al agravio del secesionismo. El preámbulo del proyecto de ley de amnistía deja en evidencia a todos los socialistas que entonces la vieron inconstitucional, y se atreven a hacer una comparación obscena con la amnistía de 1977, que dejó atrás la dictadura franquista y fue avalada jurídicamente y consensuada por la clase política y la sociedad de entonces en interés de España. Interés de España que ahora pregona Sánchez para justificar la amnistía y así sumar votos difíciles de asumir y seguir en el poder.
Pacto y decisión de amnistiar sin consenso político y social, haciendo caso solo a una minoría de diputados -los independentistas estaban en retroceso electoral en Cataluña-, recordando que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas y municipios están presididos por el PP, que obtuvo 14 diputados más que el PSOE. El pasado domingo, las plazas de España vivieron una gran manifestación nacional contra estos acuerdos de Sánchez, cuya legitimidad para gobernar no puede desoír el amplio y plural rechazo que suscitan la amnistía y otras cesiones al secesionismo. 
El PSOE no solo ha perdido sus valores, sino también, y por ello, la calle y, cada vez más, el respaldo ciudadano. Tendrá el poder, sí,  pero no la autoridad para gobernar a los españoles, que manifestarán cada vez más su descontento.  Gobernar en democracia no solo es tener la mayoría de los votos parlamentarios para ser investido presidente, sino ejercer los valores democráticos cada día, como hacen los ciudadanos en su quehacer diario: trabajadores, autónomos, empresarios, amas de casa, estudiantes…, que no atisban un horizonte alentador a corto y medio plazo, entre otras razones por el mal gobierno de Sánchez, más ocupado en imponer ideología a los españoles, que en gestionar bien y por igual los servicios públicos. Y continúa anunciando más impuestos para, por ejemplo, distribuir subvenciones sin criterios claros…
Hemos llegado hasta aquí, con una amnistía sin motivo justificable. Al margen de lo que las instancias judiciales decidan sobre si esta amnistía se ajusta o no a la Constitución, la gran cuestión es la conveniencia política y la justificación moral de una propuesta que ha permitido la investidura de Sánchez, lo que tensionará al límite las instituciones democráticas. Y lo más triste es que con esta situación se hipoteca el futuro de las nuevas generaciones, que crecen en la división y la polarización de nuestra convivencia.