Un total de 9.810 titulares de explotaciones agrarias de Castilla y León formalizaron préstamos bonificados por la Consejería de Agricultura de la Junta para dotar de liquidez a las explotaciones y poder hacer frente a la sequía, por valor de 409,5 millones de euros. El departamento que dirige Gerardo Dueñas recordó que aporta un máximo de 60 millones de euros para la bonificación de intereses de dichos préstamos tras el acuerdo firmado con once entidades financieras (Abanca, Banco Santander, BBVA, Caja Rural de Burgos, Caja Rural de Salamanca, Caja Rural de Soria, Caja Rural de Zamora, Cajamar, Caixabank, Ibercaja y Unicaja) para poder llevar a cabo esta medida de apoyo al sector promovida por la Junta de Castilla y León.
Estas cantidades reflejan, a juicio de la Consejería, el «éxito» de una convocatoria cuyo plazo terminó el pasado 15 de febrero, al aumentar tanto el número de los solicitantes como el de las cuantías con respecto a los datos de las últimas ayudas similares ofrecidas para la campaña de 2019. También estos 60 millones de euros aportados como máximo por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para la bonificación de los intereses de esos préstamos suponen un considerable incremento con respecto a 2019, cuya cuantía fue de 13 millones de euros.
Las mismas fuentes remarcaron, en un comunicado recogido por Ical, que estas ayudas forman parte de la «amplia batería» de medidas que la Junta ha impulsado para apoyar al sector ante la «grave crisis» del año pasado, que incluyen complementos a las indemnizaciones de Agroseguro y otras ayudas directas, reducciones fiscales y otras medidas estructurales (como el plan de balsas), entre otras muchas, y cuya cuantía total asciende hasta los 145 millones de euros de fondos propios.
Trabajo conjunto
Por otro lado, el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, aseguró también que «venimos trabajando con todas las organizaciones agrarias de manera conjunta desde hace años, desde el comienzo de la legislatura. En diciembre, en particular, se produjo un hito y es que, de manera conjunta, el Gobierno regional y todas las asociaciones agrarias suscribimos un documento con las reivindicaciones que ahora mismo se están destacando de manera mayoritaria en las tractoradas», destacó.
«Menos burocracia, menos fanatismo climático y, en definitiva, permitir que quienes trabajan en el mundo rural y se dedican a actividades agrícolas y ganaderas puedan obtener una rentabilidad», aseguró. Por ello, expresó su «esperanza» de que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural «defienda, de una vez por todas, frente a la Comisión Europea y al resto de instituciones, el interés general de España y el del sector primario».