«Situación de colapso». Así calificó ayer el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, la situación del mundo local de Castilla y León ante la falta de secretarios-interventores en los ayuntamientos de los pequeños municipios. La carencia de funcionarios públicos de administración local con habitación de carácter nacional, capital para el funcionamiento de estas localidades, que se agravará a corto plazo por la «cantidad» de plazas vacantes que hay en la actualidad en este colectivo de funcionarios a las que ha sumado las que se van a producir en los próximos años por las jubilaciones «de gran parte» de estos empleados públicos. Situación frente a la que la Junta de Castilla y León ya ha acometido las actuaciones que están en su mano para dar «una solución temporal» a esta situación –se han registrado 116 solicitudes desde la constitución de las bolsas de las que se han realizado 113 nombramientos–, pero reclamó al Gobierno la aprobación del Estatuto Básico de Pequeños Municipios.

Una advertencia que González Gago realizó en su comparecencia en las Cortes para exponer los objetivos de su departamento cuando se cumple el ecuador de legislatura. Fecha a la que su departamento llega con el 80% de las medidas comprometidas en esta legislatura cumplidas, tal y como destacó. Y avanzó que esperan cerrar este 2024 con un grado de cumplimiento del 95%, en un «trabajo constante e intenso» para que las políticas públicas de esta área lleguen «lleguen a todos los rincones del territorio». «El balance es sencillo de apreciar, claro de ver y evidente de constatar».

Función pública

El titular de la Presidencia, que fue el encargado de abrir el carrusel de intervenciones de todos los consejeros y el vicepresidente Juan García-Gallardo hasta el próximo martes, avanzó que el permiso preparto retribuido para apoyar a todas las mujeres de la Administración y empresas públicas de Castilla y León desde la semana 37 hasta dicho parto, anunciado en el debate de política general, se plasmará como proyecto de ley. De igual forma comunicó que aprobará este año un Plan de Ordenación de los Recursos Humanos en el que se ofrecerán «nuevas soluciones» al «reto» que plantea el relevo generacional en la administración autonómica, informa Ical.

Siguiendo con la función pública, subrayó que se han aprobado las ofertas públicas de empleo ordinarias correspondientes a los ejercicios 22 y 23. Son 6.187 plazas, 5.128 correspondientes al turno libre y 1.059 de promoción interna, que se acumularán con las plazas derivadas de la Oferta de 2021 que están pendientes, donde volvió a expresar su compromiso de que antes de que finalice 2024 se habrán convocado mayoritariamente todos. También precisó que se elaboran la nueva Relación de Puestos de Trabajo para homogeneizar los puestos.

Relaciones con el Estado. El consejero, que recordó la petición de la Conferencia de Presidentes, defendió la voluntad de diálogo con el Gobierno que se plasma en 139 convenios firmados con el Estado en este periodo y destacó la puesta en marcha de un protocolo para analizar leyes, disposiciones o actos para detectar posibles colisiones con competencias autonómicas. En materia local, explicó que se han transferido recursos a las entidades locales en los años de esta legislatura por 1.318 millones. Por otra parte avanzó que se trabaja en el elaboración del decreto que regulará el Registro de comunidades castellanas y leonesas en el exterior, y manifestó que se aprobará este año los decretos de la Comisión Técnica de Coordinación del Juego Responsable.

«La ley de concordia está perfectamente encuadrada en la Constitución»

Luis Miguel González Gago aprovechó su intervención para reiterar el apoyo de la Junta a la proposición de ley de Concordia que se tramita en las Cortes a instancia de PP y de Vox y subrayó que es «una norma perfectamente encuadrada» en la Constitución y en la ley estatal de 2022, que enmarcó en «superar el pasado histórico y el entendimiento entre iguales». «Debe servir al logro de un mayor bienestar social y al reconocimiento y aceptación de otras maneras de pensar, permitiendo preservar, mantener y reforzar la convivencia, el respeto y la tolerancia de todos», precisó el consejero, que afirmó que van a seguir participando a través del Consejo Territorial y recordó que Castilla y León ejecuta la totalidad de los fondos recibidos del Estado para los trabajos de Memoria Democrática.

La oposición duda del grado de cumplimiento

La oposición parlamentaria en las Cortes de Castilla y León no se cree el grado de cumplimiento de los compromisos de la Consejería de la Presidencia, que su titular Luis Miguel González Gago cifró en el 80%. Los grupos Socialista, UPL-Soria Ya y Mixto rechazaron la cifra dada por González Gago en el ecuador de la legislatura y criticaron la escasa financiación de la Junta hacia las entidades locales, mientras que los socios de PP y Vox mostraron la satisfacción con la gestión expuesta en las Cortes por el consejero Luis Miguel González Gago.

El socialista de Presidencia Luis Briones pidió al consejero que cumpla sus compromisos, y se olvide de leyes que crean «división, odio y rencor», en referencia a la de concordia, cuya retirada volvió a pedir, a la vez que criticó la escasa financiación a las entidades locales y planteó que sea un 5% de los Presupuestos, unos 700 millones al año. «Es un insulto», apostilló en relación a ese grado de cumplimiento, donde advirtió de cómo se puede cifrar en ese porcentaje cuando no se han aprobado leyes comprometidas como las de Función Pública o de Régimen Local, a lo que unió una financiación escasa, que no se avance en la estabilización laboral, que no se hayan aprobado la nueva Relación de Puestos de Trabajo o que no haya incentivos para puestos de difícil cobertura. Además censuró que la Junta haya querido «desmantelar» la fiesta de la Comunidad en Villalar de los Comuneros con una programación en las nueve capitales, que calificó de «fracaso».