Como es tradicional en tiempos de vendimia, las negociaciones y discrepancias por los precios de la uva entre viticultores y bodegueros están marcando la actualidad en el sector vitivinícola en las zonas de mayor producción. Es una batalla generalmente de solo unos céntimos arriba o abajo pero que, en muchos, casos marca la frontera de la rentabilidad, la decisión de seguir del agricultor o las tentativas de abandono de la actividad. Sin embargo, más allá de situaciones coyunturales, en el sector del vino se cuece un debate de fondo sobre su propia viabilidad a medio plazo a cuenta de las medidas estructurales que se deberían poner en marcha desde la producción en el campo hasta las estrategias de comercialización en volumen y tipos de oferta, pasando por las superficies, las variedades, los rendimientos en bodega... Se trata de un debate abierto no solo en España, sino en toda la UE, sobre el que se tratará de avanzar en la reunión de alto nivel prevista para el próximo 11 de este mes en Bruselas.
Según los datos manejados por Cooperativas Agro-alimentarias de España, la vendimia actual ascenderá 39,7 millones de hectolitros, una cifra que supone un 20% más que en la anterior -de solo 32 millones-, que fue la más baja de los últimos años, pero muy por debajo de la media de 44 millones de hectolitros. En lo que respecta a las existencias, se han reducido en 2023 a 32 millones de hectolitros frente a los 37 millones de un año antes, pero ni hoy, ni a futuro, hay problemas de suministro para atender las necesidades del mercado interior y de las exportaciones. Las bodegas no tienen miedo a un riesgo de falta de materia prima y en esa línea se halla la posición de los industriales con los precios de compra marcados para esta vendimia a inicios de la campaña en las principales zonas productoras prácticamente iguales a los de la campaña pasada (con producción más reducida), con 0,23 euros litro para los blancos y cifras ligeramente inferiores para los tintos.
Más allá de la coyuntura de una vendimia, el vino se enfrenta a un problema de demanda. A nivel mundial, frente a una producción en la campaña anterior de 237 millones de hectolitros, un 10% menos que en 2022, el consumo se redujo un 2,6% hasta los 221 millones de hectolitros. En paralelo, la superficie de cultivo también se redujo ligeramente hasta los 7,2 millones de hectáreas, ajuste que se mantiene en los tres últimos años. La situación se repite en los principales países productores de la Unión Europea, algo que se deja notar muy especialmente en la zona más emblemática de Francia, donde se están arrancando cepas de tinto por la falta de demanda.
España no es una excepción. Las superficies de cultivo han pasado en poco más de una década de 1,1 millones de hectáreas a las 928.000 actuales con la entrada de nuevas variedades y mejora de estructuras. Todo ello ha supuesto incrementos de la producción hasta una media de 44 millones de hectolitros, con una cosecha pasada bajo mínimos de 32 millones de hectolitros y los 39 millones de hectolitros previstos para esta vendimia.
Frente a estos datos sobre el comportamiento de las producciones, el debate sobre el futuro del sector se halla más ligado a la evolución de la demanda global de vino, actualmente estabilizada o a la baja, tanto para el mercado interior como para la exportación, junto a los cambios en las tendencias de los gustos de los consumidores.
Desde la perspectiva del volumen, las ventas, tras la fuerte caída de antes y durante la pandemia, el sector mantiene una ligera línea de recuperación, sin llegar a los 10 millones de hectolitros. En el caso de las exportaciones, se puede hablar de una estabilidad en el entorno de los 20 millones de hectolitros, muy lejos de cifras pasadas, superiores a los 26 millones de hectolitros hace una década.
Esta evolución global a la baja en las ventas hace que desde el sector productor ya se esté poniendo sobre la mesa la posibilidad de que se adopten medidas más drásticas para ajustar más la oferta a la demanda potencial, protegiendo la rentabilidad de las más de 600.000 explotaciones. En esa dirección, Alejandro G. Gasco, desde UPA, y Joaquín Vizcaíno, de COAG, coinciden en salidas como la vigencia en la limitación de producciones de 18.000 kilos de uva tinta por hectárea y de 20.000 en blanca, así como los rendimientos al 74% en bodega. Igualmente se apuesta por lo que se conoce como una reestructuración diferida por la que se contemplen ajustes a la hora de las autorizaciones para nuevas plantaciones o replantaciones, sin descartar medidas como el arranque de cepas subvencionado.
En esta dirección se halla la posición de las organizaciones para la ejecución del Plan de Intervención en el Sector Vitivinícola, que cuenta con un presupuesto anual de 202 millones de euros para acciones que van desde la reestructuración de los viñedos hasta la promoción. Desde el sector se apuesta por dedicar más fondos para las actividades de promoción del vino en terceros países, así como para más inversiones en el campo y reducir los fondos destinados a las bodegas. En conjunto se plantea una mayor flexibilidad en los gastos en función de las necesidades de cada momento.
Costes de producción.
Desde el sector productor, todas las organizaciones agrarias denuncian, además, el incumplimiento de las exigencias de la Ley de la Cadena por la que los precios de compra deben cubrir, al menos, los costes de producción, en el caso de Castilla-La Mancha estimados oficialmente entre los 0,40 euros kilo para la uva blanca y los 0,50 para la tinta.
Unión de Uniones señala que esta estrategia de precios a la baja sucede siempre a inicios de campaña, tanto en esa comunidad autónoma como en Extremadura y la Comunidad Valenciana, y denuncia que podría provocar pérdidas a los viticultores por valor de 1.500 millones de euros. Para COAG, las existencias a la baja no justifican en ningún caso los ajustes de precios ya que las mismas se siguen reduciendo año tras año desde los 37 millones de hectolitros en 2021 a los 32 de 2023. Acusa además a las bodegas de especular con las cotizaciones y pide que abandonen esa política que pone en peligro el futuro del sector productor en el campo -abandonos- por su falta de rentabilidad. Desde UPA, junto a las críticas por los bajos precios, se estima que es fundamental avanzar también en los procesos de reestructuración de todo el sector del vino, desde la producción en el campo a los procesos de transformación y elaboración, para presentar una oferta coincidente con los gustos cambiantes de los consumidores, posición defendida igualmente desde el Observatorio Español del Mercado del Vino.