Ofensiva de la Junta de Castilla y León contra la «sobrepoblación» de jabalíes en la Comunidad. El Gobierno autonómico publicó este jueves las órdenes, el Plan de Gestión del Jabalí en Castilla y León y la declaración de emergencia cinegética en determinados municipios, con el claro objetivo de poner cerco a la expansión «descontrolada» de este animal y los riesgos que conlleva para la seguridad vial y la transmisión de enfermedades como la tuberculosis. «Pretendemos dar respuesta a la situación actual y controlar la población de jabalí que cada vez es más grande», resumió a preguntas de los periodistas el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Para ello el Ejecutivo regional suaviza las condiciones de caza de este animal y declara la emergencia cinegética para reducir el tamaño de las poblaciones de jabalí, ciervos y gamos en 1.017 cotos ubicados en 358 municipios de las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Segovia.

«En esos municipios, en esos territorios, se establece una serie de medidas, se da una mayor agilidad administrativa a las autorizaciones de controles poblados». Además de las medidas puramente de 'papeleo', la declaración ahora se permitirá la intervención de un mayor número de cazadores y de perros en las cacerías colectivas; se podrá abatir con todas las modalidades; se considerará superficie del coto toda su extensión sin restarle la agrícola; se elimina la superficie mínima para realizar una cacería; se elimina la prohibición de repetir en una misma mancha; y se posibilita «la caza de cerdos híbridos, que también producen este tipo de enfermedades».

Para comprobar la «eficacia» de ambas normativas, los titulares cinegéticos de los cotos deberán informar cada quince días sobre el número de las acciones de caza y sus resultados con la finalidad de «evaluar los niveles de reducción de las poblaciones de las especies incluidas en la declaración de emergencia», o, de lo contrario, «poder adoptar otras medidas más intensas al amparo de la propia Ley de Caza». Tanto la deceleración de emergencia como el Plan de Gestión del Jabalí en Castilla y León, incluido en la Ley de Caza de 2021, tiene el objetivo, como reiteró el propio Suárez-Quiñones, de «incrementar la gestión energética a través de la caza para bajar esa población del jabalí que tanto perjudica, no sólo a cultivos, a ganadería, sino también el peligro sanitario que conlleva de transmisión de enfermedades al ganado del que tiene tanta importancia Castilla y León».

Por último, puso en duda que el lobo pueda ayudar a controlar la población de jabalíes, como apunta un estudio de CSIC y la Universidad de Valladolid, y recordó que desde 2021 se ha incrementado el número de cánidos sin que eso haya supuesto una reducción del número de jabalíes.  

Reacciones

Tras conocerse ambas órdenes, Asaja celebró un «paso importante para frenar el descontrol poblacional de la especie» por que «ya es plaga en buena parte de la Comunidad e impacta directamente sobre el sector agrario y ganadero».