Hace unos días, el ministro de Agricultura, Luis Planas, descartaba que España vaya a optar por el arranque de viñas, como sí ha hecho Francia, como respuesta al descenso del consumo mundial de vino. «Cada país tiene su propia problemática y sus propias soluciones, hoy por hoy», afirmaba; «una misma medida no tiene por qué aplicarse a todo el mundo». Lo cierto es que al otro lado de los Pirineos van a destinar 120 millones de euros para ayudar a arrancar 30.000 hectáreas de viñedos y el sector considera que la superficie tendría que aumentar hasta las 100.000.

Sin embargo, el ministro español consideraba en sus declaraciones que para paliar lo que llamaba «problemas puntuales» es suficiente que algunas comunidades autónomas hayan lanzado programas de ayudas a la vendimia en verde para reducir la producción y a la destilación de vino para recortar las existencias en las bodegas. Y aseguraba que, si hicieran falta más medidas, se tomarían, pero insistía en que «este no es el caso» y, respecto a lo que ocurre en Francia, ha recalcado que «cada país tiene su propia situación».

Unión de Uniones mostraba en pocas horas su descontento con esta posición y poco después han sido UPA y COAG las organizaciones que han mostrado su desacuerdo con Planas. UPA ha reclamado al ministro que «reconsidere su postura al respecto del arranque social de viñedo, ya que es una demanda del sector y podría ser una alternativa a muchos viticultores de toda España». De hecho, la organización ha solicitado una reunión bilateral para que los responsables de la organización agraria le expongan las necesidades de los viticultores.

Desde UPA destacan que son varias las campañas complicadas que lleva el sector vitivinícola a nivel estatal en general, y en algunas comarcas productoras en concreto, por lo cual han mostrado su sorpresa al escuchar las declaraciones del ministro. «Es la única salida que ven algunos viticultores profesionales», aseguran. «Son muchos los motivos para esta circunstancia que, no lo olvidemos, no es sencilla para ningún agricultor», ha indicado Alejandro García-Gasco, responsable de Vino de UPA, quien ha insistido en que se solicitó tanto en Bruselas como al Ministerio y a diferentes Consejerías de Agricultura, debido a que son muchas las voces del sector que lo están pidiendo, «no por ganas, no porque sí, sino porque hay una crisis real en el sector», ha indicado.

La situación de los viticultores para solicitar esta medida de arranque social deriva de diversos factores, explican desde UPA. Entre otros, los efectos del clima sobre muchas regiones, unos efectos que, en casos como el del sureste español, han provocado la muerte de la planta. Por otra parte, resaltan la crisis de consumo en términos generales, a la que se une el parón de precios por parte de la industria. «Hay que tener en cuenta que los viticultores tenemos un producto perecedero, con lo que, al vendimiar, tenemos que aceptar el precio que nos den. No podemos esperar. Y con eso juegan algunos industriales. Puedo decir que somos el único sector que, cuando vende un producto, no sabe el precio al que lo va a hacer», ha denunciado García-Gasco.

El arranque social defendido por UPA y expuesto en muchas regiones productoras sería una alivio temporal subvencionado y de carácter social, siempre con fondos extraordinarios para una medida que se considera extraordinaria. UPA indica que este tipo de ayudas excepcionales deben acompañarse de una paralización de cualquier tipo de plantaciones de viñedo a través de autorizaciones para que las parcelas que se acojan al arranque social de viñedo no puedan volver a plantarse en el futuro ni obtener un beneficio aparte de la ayuda.

95.000 hectáreas.

Indignación y sorpresa ha sido lo que ha mostrado el sector vitícola de COAG ante las declaraciones de Planas en las que descarta ayudas estatales para el arranque de viñedo sin abrir un proceso de diálogo previo con las organizaciones agrarias para negociar medidas que limiten el potencial productivo ante la crisis de mercado a nivel mundial. El «no» del ministro pone en riesgo de abandono a más de 95.000 hectáreas de viñedo, el 10% del total en España, mantienen desde la organización.

El pasado 12 de septiembre, COAG, UPA y ASAJA, remitieron al Ministerio de Agricultura un documento consensuado de medidas para salvaguardar el futuro de los viticultores españoles, medidas que cuentan con el respaldo del conjunto de los integrantes de la Interprofesional del Vino de España. Las medidas van orientadas a limitar la producción para evitar la sobreoferta y adecuar la producción a la demanda. «No ha habido respuesta y nos encontramos estas declaraciones a la prensa sin diálogo previo para marcar la postura española en Bruselas. Planas ha dinamitado la negociación antes de iniciarla en un momento en el que se está negociando con la Comisión Europea un paquete de medidas específico», ha precisado Joaquín Vizcaíno, responsable del sector vitivinícola de COAG.

«No se trata de un arranque masivo. Queremos que sea una medida quirúrgica en determinadas zonas, especialmente en aquellas con serios problemas en las variedades tintas cuya demanda ha caído de forma significativa en los últimos años por un cambio en las tendencias de consumo», ha subrayado Vizcaíno. COAG, al contrario que UPA, considera que después de un período mínimo de tres años, y en un plazo máximo de seis, los productores tengan la posibilidad de replantar las mismas superficies que han sido objeto de arranque, accediendo a una nueva ayuda financiera. Si un viticultor arranca de manera temporal y no produce en esa tierra, cobraría anualmente un porcentaje de los ingresos medios de la zona de las últimas tres campañas, hasta que decida replantar o hacer del arranque una medida definitiva, en cuyo caso se le asignaría una compensación económica definitiva.

COAG también han pedido a la Comisión Europea la prohibición de nuevas autorizaciones de plantación para tres años: 2025, 2026 y 2027. Creen que una medida de este tipo pondría en pausa el aumento del viñedo europeo, sondearía la evolución del mercado en ese periodo y daría un tiempo a los Estados y a los productores para replantearse sus estrategias nacionales.

La otra parte.

Los bodegueros, por su parte, representados por la Federación Española del Vino (FEV), consideran que el sector debe contar con mecanismos de flexibilidad para adaptarlo a cada realidad y que pueda responder en situaciones de crisis, pero no contemplan el arranque como una medida adecuada de forma general. «Eso no quiere decir que no haya determinadas zonas que no tengan problemas y lo tendrán que analizar (el arranque de viñedos), pero creemos que tiene mucho más sentido el control del potencial productivo por otras vías que un arranque, que sería irreversible», ha expresado el director general de la FEV, José Luis Benítez. Además, Benítez ha cuestionado que un arranque de viñedo tenga que ser incentivado de manera económica y ha señalado que, en caso de tener que llevarse a cabo, debería ir a acompañada de ciertas medidas de condicionalidad, referida sobre todo a que no haya un aumento alternativo de los rendimientos en otras zonas.