El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, comenzó hoy su intervención en el debate de política general arremetiendo contra el Gobierno central del que dijo "ha suscitado la mayor división política, contestación social, descrédito internacional y tensión institucional de nuestra historia democrática". El jefe del Ejecutivo autonómico acusó al presidente, Pedro Sánchez, de "renunciar a sus principios y asumir los programas de otros sólo para aferrarse al poder como sea".

Fernández Mañueco centró estas actuaciones en cuatro grandes ejes: la negociación de la financiación autonómica, la aprobación de la amnistía, la promesa de condonar 15.000 millones de deuda y las "transferencias que afectan a intereses esenciales del estado".

Respecto al debate sobre financiación autonómica "privilegiada", destacó que "acabaría directamente con la solidaridad interterritorial en España" y supondría "coger el dinero de la caja común en beneficio de unos pocos". "No hablamos de una financiación mejor o más justa, sino de pagar a los socios de Sánchez sus delirios separatistas", apostilló. 

Para Fernández Mañueco, la amnistía no cierra una etapa sino que "refuerza las reivindicaciones separatistas" para el siguiente paso que es la celebración de un referéndum. Asimismo, considera que rompe el Estado de Derecho y el principio de igualdad para consagrar "privilegios intolerables", lo que es "inadmisible para una tierra en la que tiene como principio arraigado que "nadie es más que nadie".

"Pero esta concesión, con ser grave e infame, no es la única", continuó para referirse a las promesas de condonar 15.000 millones de la deuda de la Generalitat catalana, una cifra que, destacó, supera "con creces" los presupuestos de Castilla y León, "un pago indecente" y un "grave perjuicio a la caja común". 

En su memorial de agravios incidió también en lo que considera transferencias que "afectan a los intereses esenciales del Estado", entre las que citó las infraestructuras básicas o la gestión de la Seguridad Social o la Agencia Tributaria". 

"Estamos ante unas cesiones que permiten que haya españoles de primera y de segunda. Con más o menos derechos según el lugar donde vivan", remarcó el jefe del Ejecutivo autonómico, quien anunció que la Junta recurrirá a "todos los medios jurídicos, constitucionales e institucionales" para impedirlo.

Desprecios

Por otro lado, el presidente denunció a un Gobierno central "empeñado en atacar a Castilla y León a la mínima ocasión, con desprecios especialmente sangrantes cuando proceden de alguien de esta tierra", en referencia a los ministros vallisoletanos de Transportes, Óscar Puente, y de Igualdad, Ana Redondo. Frente a ello, señaló, se la Junta se mantiene "firme" defendiendo a Castilla y León, "su imagen, su dignidad y, por supuesto, sus intereses".

En este sentido, recordó que cuando se constituyó el nuevo Ejecutivo central envió una carta a todos los ministros recordándole las cuestiones "de interés" para Castilla y León, aunque sólo dos de ellos respondieron a las misivas con una reunión, cuyos contenidos "son muy escasos". 

"Parece haber dinero de sobra para condonar la gigantesca deuda de sus socios separatistas, pero no lo hay para soterrar el tren en alguna de nuestras capitales", indicó para enumerar algunas de las reivindicaciones tradicionales de Castilla y León respecto al Gobierno central: autovías y líneas ferroviarias pendientes, Corredor Atlántico, mantenimiento de las 346 paradas de autobús o ayudas para la ganadería.