Nuevo episodio en la disputa entre el Gobierno de España y Castilla y León a cuenta de la ley de Concordia que se está tramitando en las Cortes por iniciativa de PP y Vox. La publicación el pasado viernes del informe de tres relatores de la ONU instando al Ejecutivo central a tomar «todas las medidas» contra esta normativas llevó ayer al Gobierno de España a tender la mano al «diálogo» con Castilla y León, así como con la Comunidad Valenciana, para que las «dificultades de constitucionalidad» que aprecia en la proposición de ley de Concordia puedan ser corregidas y garantizar el cumplimiento de los principios internacionales de derechos humanos. De lo contrario, volvieron a visar desde Madrid, el Ejecutivo acudirá al Tribunal Constitucional.
El Gobierno, a través de un comunicado, explicó que ahora se inicia el procedimiento previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para abrir un periodo de diálogo y reconducir la ley que deroga su anterior normativa sobre memoria democrática, tal y como avanzó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En ese sentido, el ministro presentó un informe al Consejo de Ministros tras recibir la comunicación de los relatores de la ONU. Cabe recordar que el Gobierno adoptó iniciativas ante instancias internacionales, Naciones Unidas, Parlamento Europeo y Consejo de Europa, en defensa de los derechos humanos y ante la «grave amenaza» que representan a juicio del Gobierno las nuevas normas autonómicas.
Precisamente contra Torres se dirigieron las críticas vertidas también ayer por el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, que arremetió contra la «injerencia» del ministro. Unas palabras que llegan después de que el presidente de las Cortes recibiera una misiva de Torres que hace referencia al informe elaborado por relatores de la ONU y pide a Pollán que dé traslado de la comunicación a los Grupos Parlamentarios.
Ante estas exigencias, Pollán denuncia el «uso partidista» del Gobierno, al que acusa de «vulnerar el principio de la separación de poderes». En un comunicado difundido por Ical, el presidente considera que el Ejecutivo está «tratando de influir en un procedimiento legislativo en curso, despreciando la autonomía legislativa de las Cortes». Carlos Pollán califica estos hechos como «muy graves y sin precedentes», según informa Ical. Además, el presidente de las Cortes cargó contra de las insinuaciones del ministro Torres, y afirmó que la actuación legislativa de la cámara «se ajusta siempre al ordenamiento jurídico vigente, incluyendo la normativa internacional que sea de aplicación».
Derechos humanos
Naciones Unidas comunicó el 3 de mayo al Gobierno su informe sobre las llamadas leyes de 'concordia', que afectan a la obligación del Estado español en materia de derechos humanos. Según sus autores, las iniciativas legislativas de estas comunidades no hacen referencia explícita a las «graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista», «suprimen entidades y actividades de memoria histórica» y «olvidan en algunos casos instrumentos preexistentes», como mapa de fosas, actividades dirigidas a localización, exhumación, identificación de desaparecidos o protocolo que garantice el rigor científico.
En relación con la comunicación de los Relatores y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas, fechado el pasado 30 de abril de 2024, se ha procedido a remitir a las comunidades autónomas afectadas la misma, para su conocimiento y efectos oportunos. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, procederá a dar respuesta a la información solicitada por Naciones Unidas a España.