A juicio de quienes se verán directamente afectados por los cambios en la normativa correspondiente a la ganadería avícola, cunícola y porcina, que pretende sacar adelante la Comisión Europea, que no son otros que los dueños de esas explotaciones, estamos ante una nueva amenaza, con riesgos serios para el futuro del sector. Hasta tal punto están preocupados que fían la solución a que en las elecciones europeas de 2024 se configure un nuevo parlamento, con una mayoría que tenga «los pies en la tierra» y no solo en los despachos y entienda un poco la situación. Explican que no es la primera afrenta al papel que juegan en economías como la de la provincia de Palencia, puesto que llevan tiempo siendo  diana de las críticas de los ecologistas por sus métodos de cría y producción, por ser agentes especialmente contaminantes y por estar en la base del maltrato animal, sobre todo en el caso de las granjas avícolas y porcinas. Los defensores de la cría y el engorde naturales, al aire libre, con espacio suficiente para garantizar la movilidad critican las jaulas y los encajonamientos, de igual modo que ponen el grito en el cielo por el funcionamiento de los mataderos y hasta por el consumo de carne, que ven excesivo. 

 A los altos costes de la alimentación del ganado, la falta de pastos y forrajes por la sequía prolongada y la reducción de las ventas a raíz del confinamiento y la crisis sanitaria de la covid, unidos a las altas exigencias y constantes controles de calidad que impone la Unión Europea y a los bajos precios en el mercado, vendría a sumarse, si finalmente se aprueba una normativa que eleva la exigencia en materia de explotaciones, obligando a eliminar las jaulas. Aseguran las organizaciones agrarias y los ganaderos palentinos que muchos no podrán afrontar el cambio, puesto que todavía están amortizando la inversión realizada precisamente en la compra de jaulas y en la modernización e higienización de las granjas, y dado también que dejar libres a los animales exigirá reducir su número y eso repercutirá en las cifras de producción.

Apuntan, además, que el consumidor final verá incrementados los costes de la carne cuando adquiera pollo, pavo, conejo o cerdo. Así las cosas, la nueva normativa no les ofrece ninguna garantía ni una salida positiva, sino que los aboca al cierre o a una producción ruinosa, que muchos no podrán afrontar. La exigencia de nuevas inversiones en las granjas y esa reducción de la densidad puede reportar beneficios directos a los animales, pero acabará con el futuro de los ganaderos. Tanto Asaja, como COAG y UPA coinciden en el riesgo y alertan sobre sus repercusiones. 

Se quejan también de que a los productos extracomunitarios no se les exija lo mismo y acaben ganando la partida a los de la UE.