En torno a 800 trabajadores, en concreto 774, afiliados como empleadas y empleados del hogar se benefician de la aprobación hace poco más de un año de la prestación de desempleo en la provincia, a través de una reforma legislativa que se llevó a cabo por parte del Gobierno tras aprobarla en el Consejo de Ministros, con el beneplácito  de todos los agentes sociales.

Según los datos de afiliados y afiliadas al Sistema Especial de Empleadas del Hogar en Palencia (con datos actualizados en febrero) un total de 774 personas estaban registradas en esta modalidad de contratación laboral, de las que 746 eran mujeres y 28 eran varones.  

De forma más pormenorizada, 506 del total de 776 profesionales que desempeñan su labor en el ámbito del sector doméstico son de nacionalidad española (un 63%) y el resto (268) extranjera, lo que supone el 37% del total.

Hasta hace poco tiempo estos trabajadores se encontraban sin derecho a paro, una situación que cambió desde octubre de 2023 cuando empezaron a cotizar por desempleo y a cobrar la prestación y los subsidios por paro en caso de perder su trabajo. Además, el Real Decreto-Ley comenzó a tipificar la causalidad del despido y limitará la actual figura de despido por desistimiento, que permitía al empleador rescindir el contrato sin justificación alguna. 

La nueva medida gubernamental supone acabar bastantes años después con la figura de la hija de familia numerosa que se trasladaba desde el mundo rural a la ciudad a servir en un domicilio a cambio de cama, manutención y poco más. De esta forma en el empleo doméstico se empezó a tener los mismos derechos que los del resto de los sectores laborales.

En otro orden de cosas, en base a los datos de la Encuesta de Población Activa y de afiliación a la Seguridad Social, algunos estudios establecen que existe un 30% en la economía sumergida en el empleo de hogar, lo que equivaldría que la provincia pueden trabajar sin  ningún tipo de trabajo y cobrando en negro en torno a unas 230 personas.

Desde el ámbito sindical, para UGT la aplicación de esta medida  supuso avanzar considerablemente en la equiparación de derechos y terminar con la discriminación que suponía la exclusión de la prestación de desempleo, de la ley de prevención de riesgos laborales y de la aplicación de particularidades a este sector, que se alejan de los derechos que disfrutan el resto de trabajadores, tal y como dictaminó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

En el caso de CCOO, se apuntó al respecto que es muy positiva la medida de mejorar las condiciones de trabajo y el acceso a las prestaciones por desempleo de las personas que trabajan en el ámbito del hogar, que siempre han sufrido unas condiciones laborales muy distintas respecto a otros sectores productivos. A su vez, desde UGT se celebró  que el Real Decreto-ley incorpore nuevos derechos laborales y de protección por desempleo, medidas todas ellas que venían siendo reclamadas desde las formación sindical sindicales mayoritarias hace décadas.

MÁS CONTRATOS FEMENINOS. En lo que se refiere a los datos del empleo femenino, los contratos en este ámbito de población crecieron ligeramente en el cómputo de 2023 al situarse en los 31.199, frente a los 31.018 de un año antes, lo que supone un 0,6% de incremento. De esa cantidad de contrataciones, un total de 830 se convirtieron posteriormente en indefinidas. 

En el ámbito masculino, las cifras siguieron creando una brecha de desventaja, ya que en el ejercicio anterior los contratos alcanzaron la cifra de 33.607 aún supone más de  2.400 más que los que fueron suscritos con mujeres.

Esta misma situación se sigue produciendo en el campo del desempleo femenino, ya que actualmente está 20 puntos por encima del masculino. Una vez más el sector Servicios, muy femenizado, es el que tira del carro cuando lo deseable sería tener más igualdad en cuanto a las cifras a nivel sectorial. 

Además, tanto  desde UGT como de CCOO se sigue lamentando que la patronal empresarial apueste poco por la contratación indefinida, ya que, según los últimos datos del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), en febrero los contratos temporales supusieron el 82% frente al 62% en el conjunto de la región.