Los trabajadores no se cansan de escuchar mensajes populistas que son auténticos brindis al sol con una música que suena bien, pero con una letra que pocas veces se aplica. En la anterior legislatura, el Gobierno de Pedro Sánchez hablaba de poner coto a los horarios obligando a las empresas y, sobre todo, al comercio a cerrar antes para, en primer lugar, que los trabajadores pudieran conciliar más su vida familiar y, en segundo lugar, para asimilarlo al mercado europeo. 

En esta línea continuista, el PSOE y Sumar han llegado a un acuerdo de Gobierno en el que se plantean reducir la jornada laboral a un máximo de 37,5 horas semanales frente a las 40 horas de ahora.

La idea genera muchas dudas y no cuenta con el apoyo de la patronal, que se aleja de los postulados del Ministerio de Trabajo, que avanzó que beneficiaría a 12 millones de asalariados de la empresa privada, puesto que el 83% del sector público ya tiene pactada un horario semanal igual o inferior a 37,5 horas.

La iniciativa afectaría más a los hombres asalariados a tiempo completo en el sector privado (93,2%) que a las mujeres (82,1%). Por sectores, la industria y la construcción serían los que cuentan con más porcentaje de empleados afectados, con cerca de un 98%.

Estos anuncios, junto con la decisión de subir el salario mínimo, han hecho que muchas compañías empiecen a prever si, en su caso, sería posible llevarlo a cabo y qué consecuencias les traería, sin descartar que muchos se verían obligados a cerrar para evitar la quiebra.

El catedrático de Economía Niño Becerra considera que aplicar aquí el «café para todos» es un error que «tendrá consecuencias porque cada sector, cada actividad y cada empresa es un mundo». Una reflexión que comparten muchos analistas que defienden que esto no debe ser un mensaje de «propaganda» política sino que debe partir de una seria reflexión dialogada y consensuada con todas las partes para que tenga los efectos deseados.

A juicio de los economistas, la jornada laboral de 37,5 horas «no se ajusta a la realidad de España ni de su mercado laboral», y sostienen que, en estos momentos, la prioridad más urgente es garantizar mano de obra en un país con más de 150.000 puestos sin cubrir a pesar de que tiene a cierre de octubre 2.759.404 parados, sin contar los fijos discontinuos y que la tasa de desempleo casi dobla la de la UE.

Responsables de recursos humanos, explican que una jornada reducida con salarios bajos lleva a los empleados a compaginar más trabajos y, en consecuencia, a realizar más horas de las 40 que hacen en la semana. En este escenario, urgen a realizar un análisis individual de cada sector y de cada puesto de trabajo para no perjudicar la productividad, la rentabilidad ni los ingresos que perciben los empleados.

El argumento que utilizan muchos detractores para mostrar su rechazo es que la empresa pública, que ha reducido la jornada laboral, lejos de mantener la productividad ha provocado un estancamiento y falta de trabajo muy grande en áreas como la Seguridad Social donde conseguir una cita es muchas veces misión imposible, o en la Educación donde las ratios de eficiencia de los alumnos han descendido, o en la Sanidad donde las listas de espera y los plazos de intervenciones son demasiado altos.

Si bien es cierto que hay países como Francia con una jornada legal de 35 horas semanales, sin embargo, no parece que sea el modelo que acelere en España la recuperación en un mercado donde el 98% de los asalariados pertenecen a pequeñas y medianas sociedades.

Desde el Banco de España, el director general de Economía y Estadística, Ángel Gavilán, indicó que la reducción de la jornada debe atender, mediante la negociación colectiva, a la «heterogeneidad» que existe en esta materia entre distintos sectores económicos y también entre las diferentes empresas.

Gavilán precisó que algunas actividades, como comercio y hostelería, tienen pactadas jornadas de trabajo más largas, al tiempo que las pymes también suelen contar con horarios más extensos frente a las grandes organizaciones. Por ello, apostó por que la negociación colectiva permita «acomodar estas diferentes idiosincrasias» a la norma general que se negocie.

El supervisor financiero recordó que la economía nacional no ha alcanzado aún el PIB per cápita de la UE básicamente por dos gap importantes, como son su menor productividad y su baja tasa de empleo; mientras que si se analiza la jornada laboral efectiva, España presenta presencialidad más larga.

En conclusión, se trata de un tema que debe estudiarse en profundidad con los afectados buscando las mejores soluciones para que se puedan incrementar la productividad, los salarios y la rentabilidad.