Cuando el presidente del Gobierno vuelva de Nueva York a pasar unos días entre nosotros, sentirá de nuevo la movilidad de las losetas sobre las que camina en la política nacional. Y no me refiero solo, aunque también, a las 23 preguntas parlamentarias del diputado Ábalos al Gobierno. Afectan a la corrupción de cercanías en el entorno de Sánchez.
Me refiero básicamente al anunciado "no es no" de los siete diputados de Junts al techo de gasto público propuesto por Hacienda (topes en materia de deuda y déficit públicos), cuyo respaldo es imprescindible para la posterior aprobación de los PGE del año que viene.
Los coros políticos y mediáticos de la Moncloa asumen que estamos en una semana complicada en la implementación del lema "Hay gobierno para rato", pero creen en la ventaja argumental que relaciona la prórroga de los PGE del año anterior con la renuncia de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, mayoritariamente gobernados por el PP, a 12.000 millones de euros. Los que, teóricamente, dejarían de emplearse en las mejoras de los servicios públicos a escala territorial.
La piedra en el zapato de Pedro Sánchez (el pedestal del poder se tambalea) nos remite a la fragilidad del acompañamiento prestado por los dos grandes partidos independentistas de Cataluña, ambos declarados enemigos del Estado que Sánchez representa.
Junts le ha dado calabazas en Suiza y las volverá a dar este jueves en el debate y votación de la senda de gasto porque los jueces "prevaricadores" no permiten la amnistía a Puigdemont. Por otra parte, los supuestos aliados de ERC amenazan con romper si el separatismo fiscal de Cataluña se desvía de su camino hacia el Boletín Oficial del Estado.
El PP, por su parte, no solo aspira a desviar el camino al BOE del concierto catalán. Se está rearmando para pararlo en seco. Y no va mal orientado si nos atenemos a las declaraciones del propio Sánchez, que ya ha reconocido públicamente la imposibilidad de un acuerdo con Feijóo en materia de financiación autonómica (modelo pendiente de revisión desde hace diez años) si los presidentes del PP le siguen pidiendo la cancelación del "concierto catalán" en sus bilaterales visitas a la Moncloa.
Bilateralidad, esa es la palabra maldita que alerta a los constitucionalistas defensores de una sana evolución del caducado sistema de financiación autonómica hacia las lógicas del federalismo (esencialmente inspirado en los principios de igualdad y solidaridad) por los caminos de la multilateralidad.
O sea, que lo que es de todos sea cosa de todos, no el resultado del preacuerdo PSOE-ERC que divide a la clase política y descoloca a los expertos en materia de financiación autonómica. Multilateral, por supuesto.