Un total de 220 dictámenes aprobados por el Consejo Consultivo de Castilla y León durante el primer semestre del año correspondió a reclamaciones de responsabilidad patrimonial, lo que supone más del 75 por ciento del total, según destacaron fuentes de esa institución propia de la Comunidad autónoma.

"Tradicionalmente, los dictámenes sobre responsabilidad patrimonial abarcan un porcentaje muy importante del trabajo diario. A través de ellos, los ciudadanos ven protegidos sus derechos y perciben la cercanía de la Institución", destacó el presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez.

De los 220 dictámenes de responsabilidad patrimonial, 108 provienen de expedientes de responsabilidad patrimonial de ámbito vial, por defectos de distinta naturaleza en calzadas, aceras, parques y otras zonas de deambulación. 

También destacan las reclamaciones de responsabilidad patrimonial relacionadas con el ámbito sanitario, con infraestructuras y con perjuicios ocasionados en la actividad económica, sobre todo, en el ámbito de la hostelería por las consecuencias de la pandemia.

"El elevado número de dictámenes de responsabilidad patrimonial, cada año, se debe a la baja cuantía que la Ley establece en Castilla y León para acceder al Consultivo a través de este tipo de reclamaciones: 3.000 y 6.000 euros, dependiendo de si la consulta se plantea por la administración local o por la autonómica", precisó Sánchez de Vega. 

"Estos umbrales de acceso facilitan el dictamen al ciudadano y ensanchan la protección de las posiciones jurídicas de los afectados por el funcionamiento de las administraciones", añadió. 

En este contexto, el presidente del Consejo Consultivo apuntó que, en estos expedientes, "están presentes situaciones dignas de protección jurídica", entre las que figuran casos referidos a derechos sanitarios, educativos, de servicios sociales, salud, menores, dependencia, familia, medioambientales y, en general, relativos al funcionamiento de los servicios públicos.