Muestra de que vivimos en un metaverso político es que, en la foto que Junts envió a los periódicos mostrando la reunión del viernes en Waterloo entre el peneuvista Ortúzar y Puigdemont, en el despacho del fugado independentista catalán sí había banderas 'reales', la senyera y la europea, pero, para que apareciese la ikurriña, hubieron de mostrarla a través de una imagen en el televisor. Ortúzar olvidó la enseña y póngase usted a buscar un viernes por Waterloo una tienda donde vendan banderas vascas. Claro, el encuentro, sin periodistas ni más testigos que los acompañantes del presidente del Euskadi Buru Batzar y del ex molt honorable president "en el exilio" (sic, según la nota oficial), ha dado pie a muchas especulaciones, como siempre que falta la transparencia y todo se convierte en unas gafas de realidad virtual.

¿Actúa Andoni Ortúzar como mediador enviado por Pedro Sánchez ante Puigdemont, como ya lo hiciera el lehendakari Urkullu en 2017, tratando, sin éxito, de impedir que el entonces presidente de la Generalitat, que no era otro que Puigdemont, cometiese aquel terrible error de declarar unilateralmente la independencia? Los del PNV dicen que no, y los de Junts, reunidos este sábado en Mataró, también lo niegan. Fue, sí, un encuentro en el que los representantes de ambos partidos, que representan lo que representan, dejaron claro al Estado que tienen el futuro de España en sus manos: sin ellos no hay investidura de Sánchez. También era una advertencia a los otros partidos 'rivales' que vienen apoyando la continuidad de Sánchez en La Moncloa, ERC y Bildu. Algo así como 'sin nosotros, tendréis al PP y a Vox en el Gobierno, así que cuidadito'.

Vamos a ver más imágenes 'metavérsicas', de falsa realidad, en estas próximas semanas trepidantes. El martes, Consejo de Asuntos Generales de la UE en Bruselas, donde el ministro Albares tratará de convencer a sus colegas europeos de que acepten el uso del catalán, el euskera y el gallego como tres más de las lenguas oficiales de uso en la Unión. Un tema que provoca controversias, y que las ex socialdemócratas (hoy gobernadas por conservadores duros) Suecia y Finlandia ya cuestionan: demasiado caro y farragoso, dicen. Pero hombre, por Dios, por los costes que no haya problema: España se compromete a pagarlos, dicen en Madrid, aunque aún desconocemos la cuantía, que quizá desvele el martes, en su exposición ante el Consejo, el titular español de Asuntos Exteriores. O quizá no.

Lo metavérsico de este asunto es que a no pocos les parece altamente cuestionable que, a tenor de lo que indica la Ley 50/1979 en su Título IV ('del Gobierno en funciones'), un Ejecutivo en funciones pueda adoptar estos compromisos. Que para nada son 'cuestiones ordinarias', como exige esa ley, sino exigencias extraordinarias, como la amnistía o más tarde el referéndum, del partido de Puigdemont para conceder el favor de su 'sí' a la investidura de Pedro Sánchez. No entiendo que los juristas que aparecen como champiñones a la menor ocasión aún nada hayan dicho al respecto, pero, en mi humilde opinión, el actual 'status' del Gobierno español de ninguna manera autorizaría ni favorecer una tramitación parlamentaria de la amnistía --¡que tendría que ser refrendada por el Rey!--, ni viajar a Bruselas para rogar que allí se admita oficialmente utilizar las lenguas cooficiales españolas, ni el gasto en publicidad extraordinaria de algunos Ministerios, ni...

Desde el PSOE, donde no se paran a hablar en público de cosas que no les convienen --de hecho, aún ni se pronuncia la palabra 'amnistía' en los círculos oficiales--, advierten que el partido y su Gobierno 'no harán ninguna locura', y el propio Pedro Sánchez aseguró ante los empresarios, antes de convertir en un mítin contra Feijóo lo que era una comparecencia técnica dentro de la presidencia española de la UE, que cada paso que dé respetará escrupulosamente el fondo y la forma de la Constitución. No, digo yo, como cuando, el pasado 29 de mayo, disolvió anticipadamente las Cámaras para convocar las elecciones generales del 23-j, olvidando el precepto constitucional de informar previamente al Consejo de Ministros, algo que por supuesto no hizo.

Por eso, pienso que la legalidad ha ido convirtiéndose en una realidad más o menos virtual, como la ikurriña en el despacho de Puigdemont, algo capaz de ampliarse o reducirse a capricho, de modificarse dándole al botón de 'on' o de 'off'. Por eso, supongo, se viola el Reglamento del Congreso para 'prestar' diputados a Junts y ERC. O por eso, sin respetar los estatutos del partido ni los pliegos de alegaciones, se expulsa a militantes disidentes. O, también por eso, el lenguaje político se ha convertido más bien en una ficción de tópicos --'golpista', 'anticonstitucionalista', etc-- y explicaciones mendaces con las que los partidos en contienda por el poder, en permanente confrontación, se lanzan falsedades como misiles verbales en una guerra que, claro, confunde a la opinión pública y muchas veces también a la publicada.

Y es que la política española, a base de retorcer y disfrazar la realidad-real, la que se contiene en los textos de las leyes, en la jurisprudencia, en la separación efectiva de poderes y en el sentido común, ha entrado en un ciberespacio, una hiperrealidad, capaz de dejar atónito al más imaginativo de los imitadores de Julio Verne o de Asimov. Y este gran simulacro va a durar ¿hasta cuándo?

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