La Junta de Castilla y León aprobó una inversión de 300.000 euros en la contratación de un software que ayude a gestionar las posibles vulnerabilidades a las que tengan que hacer frente los diferentes servicios digitales que presta la administración autonómica, así como a reforzar su nivel de ciberseguridad.

La herramienta prevé un plazo de ejecución de 22 meses y está financiada con Fondos Europeos Next Generation. A través de ella, desde el Gobierno regional buscan "garantizar la seguridad de las infraestructuras, comunicaciones y servicios que, basadas en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), ofrece la Junta, mejorando sus capacidades de prevención, detección y respuesta ante posibles incidentes". 

Según detallaron en un comunicado, el objeto del contrato, comunicado hoy al Consejo de Gobierno, supone el suministro de licencias y el soporte asociados a un programa que permita la identificación de los activos o componentes que forman parte de los sistemas de información y el análisis de sus vulnerabilidades. Entre los objetivos también se encuentran la clasificación y priorización de las mismas en función del riesgo al que estén expuestos, la priorización de las actividades correctivas o de corrección de la vulnerabilidad y la verificación de la efectividad de las acciones tomadas para evitar su explotación.

A lo largo de los últimos años, desde la administración regional observaron que el número de servicios prestados a los ciudadanos de modo telemático evolucionó "exponencialmente". Debido a que se prestan mediante el empleo de aplicaciones, en ocasiones presentan "vulnerabilidades que pueden ser explotadas por ciberdelincuentes".

Por este motivo, la detección inmediata y, en su caso, la corrección o mitigación lo antes posible de estas vulnerabilidades resultan "fundamentales" para la protección de la información y de los servicios prestados a los ciudadanos por la administración de Castilla y León.

La inversión se enmarca dentro del componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, entre cuyos objetivos figura la modernización de las administraciones públicas incluyendo medidas dirigidas hacia la mejora en la gestión administrativa y financiera, así como en la línea estratégica denominada 'Ciberseguridad'.