El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, confía en sumar a todos los grupos parlamentarios en las Cortes al acuerdo sobre financiación autonómica, que planteó el presidente Mañueco en el debate sobre el estado de la Comunidad.

Fernández Carriedo, en tono conciliador, trasladó que ofrecen a las fuerzas parlamentarias que «se sumen a los intereses de Castilla y León» y puso sobre la mesa, durante 'Los Desayunos de Ical', que «la oposición debe darse cuenta de que esto no va de colores políticos sino de la igualdad entre españoles». Asimismo, afirmó que la Junta tiene «una posición clara» y garantizó que defenderán los intereses de la Comunidad, para lo que «sería bueno sumar una posición conjunta».

Carriedo considera «fácil» ponerse de acuerdo en el rechazo a la condonación de deuda a una autonomía primero para después aplicarlo al resto; a una financiación singular que después se aplique a las demás comunidades; o al aumento de la gestión tributaria de una región de forma desequilibrada para los demás. «Nos oponemos a una negociación bilateral que luego se aplique al resto; estamos hablando de cuestiones básicas sobre financiación de servicios públicos», dijo.

El consejero sentenció que si la oposición quiere defender «la igualdad, la solidaridad, la cohesión territorial y los intereses de Castilla y León», les encontrarán «muy cerca» pero «si lo que quiere es sumarse a lo que Pedro Sánchez les vaya pidiendo en función de los acuerdos con los separatistas», estarán muy alejados.

Tras recordar el primer paso dado por el presidente de la Junta al ofrecer el pacto y convocar una reunión, Carriedo pide a los diferentes grupos que designen a sus representantes para la mesa que lo abordará. «Unos lo han hecho y otros no», reconoció, aunque no desveló quienes no han movido ficha todavía: «No voy a hacer crítica política, sino sumar intereses», enfatizó.

El responsable de Economía y Hacienda explicó que trasladarán la información que llegue del Gobierno a todos los grupos y constató que aunque ya hay un acuerdo suscrito por las Cortes sobre financiación, los pactos de gobierno con los nacionalistas, «suponen cambios relevantes que hay que abordar». El consejero indicó que la guerra no está en asumir más competencias, porque las autonomías tienen su razón de ser en la mejora de los servios públicos. «No aspiramos a entrar en la batalla por tener más competencias que el resto, porque nuestra misión no es debilitar las competencias estatales, pero es triste que sea el Gobierno el que piense en debilitar sus competencias».

Déficit de financiación.

Fernández Carriedo denunció el déficit de financiación de un modelo que caducó en 2014, que «afecta a todas las autonomías», y apeló a conocer cuánto dinero se pondrá encima de la mesa para su reforma y las reglas de su reparto. «La cantidad que nos corresponda dependerá de eso y si hay menos, deberemos ser solidarios, pero lo que no es razonable es que se hable primero de lo que corresponde a Cataluña y luego de lo que se pondrá para todos, porque vamos en inferioridad», argumentó.

Carriedo apeló a un reparto «objetivo, con justicia e igualdad, con equidad y solidaridad» sin «enrocarse en máximos», sobre la definición del coste efectivo de los servicios públicos, teniendo en cuenta variables como el envejecimiento o la dispersión geográfica.