El Senado francés aprobó este martes una versión dura de la ley de inmigración propuesta por el Gobierno, que genera una profunda división política en el país y que ahora tendrá que pasar el filtro de la Asamblea Nacional.

El texto fue adoptado por 210 votos a favor, gracias a la alianza de conservadores y centristas, y 115 en contra, esencialmente de la izquierda.

La derecha tradicional francesa, mayoritaria en la cámara alta, impuso su criterio a los diputados macronistas y logró suprimir la ayuda médica del Estado a los inmigrantes irregulares, y también endureció el acceso a subsidios y las disposiciones relativas a la regularización.

Además, se simplificaron las normas de expulsión, se reformó el derecho de asilo y se condicionaron la entrega de permisos de residencia y el reagrupamiento familiar.

Fueron concesiones que el Gobierno tuvo que hacer para sacar adelante la ley, pero que generan un gran descontento en el ala más progresista del partido del presidente Emmanuel Macron, que espera ahora volver a los principios originales de su reforma en el trámite de la ley en la Asamblea Nacional, que comienza el 11 de diciembre.

Solo que, sin en el Senado la derecha tradicional es mayoritaria, en la cámara baja el partido de Macron, que es el que tiene más diputados, tampoco cuenta con mayoría absoluta, lo que le obliga a negociar.

Equilibrios difíciles

El ministro del Interior, Gerald Darmanin, que es quien defiende la reforma, tendrá que encontrar un nuevo equilibrio con la derecha, pero también con el ala más izquierdista de su partido para sacar adelante la ley.

Varios diputados macronistas ya han advertido de que son contrarios a muchas de las concesiones cedidas en el Senado a la derecha, lo que augura un difícil compromiso parlamentario.

Porque el portavoz de los diputados conservadores, Olivier Marleix, ya ha adelantado que su intención es "continuar endureciendo" la ley, incluso con "modificaciones constitucionales" para imponer una legislación nacional a la europea y "ponerse a salvo de la jurisprudencia" de los tribunales comunitarios.

Los principales caballos de batalla van a ser la asistencia médica a los inmigrantes irregulares, que los macronistas consideran esencial, y que la derecha tradicional no está dispuesta a ceder, o la regularización de extranjeros que trabajen en sectores donde falta mano de obra.

Esa era una de las propuestas estrella de Darmanin, pero la derecha logró endurecerla en el Senado.

Los conservadores, muy debilitados electoralmente y sometidos a la presión de la ultraderecha, están aprovechando la ley sobre inmigración para recuperar visibilidad social.

Se han presentado como abanderados de la lucha contra la inmigración ilegal, con medidas como el endurecimiento de las expulsiones de extranjeros condenados por delitos graves, asunto que la extrema derecha ha sabido capitalizar.

Otra de las medidas ha sido la reforma del sistema de asilo, tendente a acelerar y endurecer las demandas, así como el condicionamiento de los permisos de residencia a la aceptación de las reglas legales del país.

La limitación del llamado "derecho de suelo", que permite acceder a la nacionalidad a los 18 años a los hijos de extranjeros nacidos en Francia o la restricción del reagrupamiento familiar, para el que serán necesario haber residido 24 meses y no 18 como hasta ahora, son otras de las medidas impuestas por los conservadores.

Los votos de la derecha volverán a ser imprescindibles en la Asamblea Nacional para que el Gobierno no se vea obligado a adoptar la ley sin voto parlamentario, lo que abriría la puerta a una nueva moción de censura, como ya sucedió el año pasado con la reforma de las pensiones