El primer teniente de alcalde, Carlos Hernández, y el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, comparecieron ayer ante los medios de comunicación para dejar claro que la aprobación definitiva del PERI-5, es decir, del plan para el desarrollo urbanístico de los entornos de la dársena del Canal de Castilla fue «impoluto desde el punto de vista de la legalidad». Una afirmación que, explicaron, viene respaldada por los informes favorables de la Jefatura el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística y de la técnico de Administración General del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística, así como por la nota de conformidad firmada por la Secretaría General de fecha 10 de abril de 2023, entre otros. 

Informes, todos ellos, que forman parte del expediente enviado al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el que, aseguraron, no está incluido el solicitado por la alcaldesa, Miriam Andrés, sobre las consecuencias que hubiese tenido la denegación de la aprobación definitiva del plan urbanístico y sobre si dicha posición daría lugar a una indemnización a favor de la promotora Inbroser y del resto de propietarios «porque no era preceptivo».

En él, tal y como reconocieron los concejales del equipo de Gobierno, la máxima funcionaria del Consistorio expuso que el Ayuntamiento podía denegar la aprobación definitiva del PERI-5 siempre qe motivase el motivo, es decir, «que no se podía votar en contra y no aprobar el PERI-5 salvo que hubiese una justificación ajustada a derecho», aseveró Bilbao; y que, en segundo lugar, la no aprobación definitiva «no se encuentra entre los supuestos indemnizatorios previstos en la normativa urbanística», es decir, que no se debería indemnizar a Inbroser por esa decisión. Para el equipo de Gobierno de Miriam Andrés, la interpretación que hizo el lunes Salvemos la Dársena de estas conclusiones «no tiene ningún objetivo salvo generar ruido, confusión e intoxicación informativa», aseveró Carlos Hernández.

«Están utilizando las palabras de la secretaria general de este Ayuntamiento de forma torticera. Una cosa es ese informe y otra la legalidad del PERI-5. La asociación mezcla ambas cosas de forma interesada, llegando a afirmar que si los concejales hubiesen conocido con anterioridad ese informe, el sentido del voto de los ediles hubiese sido distinto», continuó. 

«Es una barbaridad. Como si los concejales de este Ayuntamiento fueran bobos y no supieran leer y entender el conjunto ordenado de documentos que integran el expediente (...) en el que no existe duda alguna sobre la legalidad del PERI-5», insistió el teniente de alcalde.

Además, los ediles de Miriam Andrés negaron también que existiese ocultación alguna del contenido de ese documento. «No se ocultó a nadie porque todos los portavoces municipales conocen de viva voz por parte de la alcaldesa el contenido de ese informe. 

De hecho, el propio portavoz cde IU-P, Rodrigo San Martín, reconoció que efectivamente se le había informado personalmente del contenido de ese informe», añadió Carlos Hernández. 

No fue hasta el mediodía del lunes cuando los grupos municipales del Ayuntamiento recibieron una copia de ese documento, al cual fue enviada por Salvemos la Dársena, que la obtuvo a través del TSJCyL, primero; y más tarde, por el propio equipo de Gobierno. No obstante, Carlos Hernández insistió en que no es cierto, como criticó la asociación, que «el contenido» de ese informe no fuese trasladado a los grupos municipales el día antes de la celebración del pleno en el que se aprobó el PERI-5, el 21 de septiembre de 2023.

Interés oculto. El Ayuntamiento tiene claro que Salvemos la Dársena conoce que los informes garantizan la legalidad del PERI-5, «pero lo ocultan y se aferran como un clavo ardiendo al solicitado por la alcaldesa y que fue emitido al margen del procedimiento». «Lo hacen porque es difícil combatir la legalidad de esa decisión plenaria. Están montando un edificio imaginario de defectos procedimentales en la tramitación de la resolución», criticó Carlos Hernádez. 

«Entendemos que haya vecinos en esa asociación que defiendan las vistas de sus viviendas porque se van a limitar cuando se urbanicen esas parcelas. Nos parece bien que luchen. Pero una cosa es eso y otra ensuciar el procedimiento administrativo. No hay ninguna duda de legalidad y se encargarán los jueces de decirlo», insistió.

El concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, desveló sus sosprechas sobre las que considera que son las verdaderas intenciones de la asociación. «Salvemos la Dársena sabe que no puede ir contra el PERI-5 porque legalmente está completo. Lo que quieren impugnar la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de 2008 por el cual esos terrenos se declararon urbanos no consolidados. Ese es su objetivo», sostuvo.

Su sospecha se basa, según explicó, en que el colectivo solicitó al Ayuntamiento a través del TSJCyL un total de seis documentos. «De todos ellos, solo uno forma parte del expediente, que es el informe de Bellas Artes. De los otros cinco, uno es el solicitado por Alcaldía y los otros cuatro versan sobre la aprobación del PGOU de 2008, de los que tres no existen», comentó el edil.

«Por una parte hay unos vecinos que quieren mantener sus vistas al Canal y, por otra, los propietarios de unos terrenos que tienen derecho a edificar en ellos con ese instrumento de planeamiento urbanístico. El Ayuntamiento tiene que decidir cuál es el interés general y como ese instrumento es legal, no nos quedó otra que cambiar nuestra posición inicial y aceptarlo», sentenciaron los concejales.