El Ministerio de Cultura ha iniciado un periodo de actuaciones previas con la finalidad de obtener la información y elementos de juicio que puedan motivar el procedimiento para instar judicialmente la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco.

El acuerdo ha sido firmado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y en el marco de las funciones del Protectorado de Fundaciones de competencia estatal, según ha señalado este departamento.

El propio Urtasun ha remarcado en un vídeo publicado en sus redes sociales que es responsabilidad de Cultura "cumplir escrupulosamente" con la Ley de la Memoria Democrática. "Así lo hemos hecho, así lo estamos haciendo hoy y así lo seguiremos haciendo", ha apuntado.

El ministro ha explicado el proceso a seguir a partir de este paso, hasta llegar a la responsabilidad última de su departamento de instar a la Justicia a la extinción de dicha fundación, "teniendo los jueces la última palabra".

Cultura ha solicitado un informe a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática sobre el posible incumplimiento de la Ley por parte de dicha fundación. Se abre así un periodo de recopilación de información en el que participarán también las asociaciones de memoria y, una vez concluida la instrucción y con el previo informe de la Abogacía del Estado, se procederá a la solicitud del ministerio.

En concreto, la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, establece en su disposición adicional quinta que "concurrirá causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo".

La Ley añade que, "a estos efectos, se considera contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales".

En estos casos, según señala la norma, corresponde al Protectorado de Fundaciones instar judicialmente la extinción de la fundación por concurrencia de esta causa. Cultura ha indicado que el procedimiento se desarrollaría en tres fases.

La primera, el inicio de actuaciones previas que ahora comienza, consistente en la petición de informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al Registro de Fundaciones de competencia estatal.

La segunda será la apertura del procedimiento, que comenzaría con la comunicación del expediente a la mencionada fundación y la apertura del correspondiente periodo de alegaciones.

Por último, se solicitaría un informe a la Abogacía General del Estado, a partir del cual el Ministerio de Cultura elaboraría una resolución para instar judicialmente la extinción. Finalmente, la resolución del procedimiento será decisión de los jueces.