Desde el pasado martes, 29 de octubre, que conocimos las primeras noticias e imágenes de la catástrofe natural ocasionada por las fuertes lluvias en el Levante, sobre todo en la provincias de Valencia y Albacete, la abrumadora ola de solidaridad manifestada por vecinos y ciudadanos venidos de todo el territorio español, con sus posibilidades y medios, ha intentado llenar la escasez o el vacío de los servicios de emergencias para atender las necesidades de las víctimas, solo atendidas por esos ciudadanos buenos, cuyos valores les empujaron a dejarlo todo y acercase a ayudar o aliviar en lo posible la desgracia de sus semejantes. 
Se trata de ciudadanos anónimos y espontáneos, muchos emprendedores y la mayoría jóvenes,  que con sus habilidades con las redes sociales y otros recursos modernos  han sido capaces de movilizar a compañeros, amigos o familiares desde diferentes lugares de la geografía española, trasladándose a las zonas afectadas con materiales de trabajo, con vehículos cargados de alimentos y otros suministros -donados por otros ciudadanos anónimos desde sus lugares de residencia o trabajo en diferentes rincones de España- para ayudar a salvar vidas o a retirar destrozos, ajenos al fracaso institucional que se estaba produciendo.
Todos ellos forman un ejército que con sus manos y herramientas intentan aliviar en lo posible un panorama dantesco (calles embarradas, edificios destrozados, coches amontonados y personas en una situación de incertidumbre), sustituyendo, sin pretenderlo, al Ejercito real que debió enviar el Gobierno desde el primer día.
Pero no ha sido así. Como en otros episodios nacionales anteriores (la pandemia, inundaciones, incendios…), en vez de ponerse todas las instituciones y partidos a trabajar desde el primer minuto al unísono, con la dirección del Gobierno en coordinación con las comunidades autónomas, el relato institucional y político que nos llega es el reproche al contrincante político, cuando todos han fallado en tiempo y en forma a la hora de prevenir, avisar y ayudar: la Aemet, la Confederación Hidrográfica, Protección Civil, la Comunidad Valenciana y, por supuesto, el Gobierno de España que, ante este drama, debió desplegar, con total rapidez y con el mayor número de efectivos y recursos, al Ejército y a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad disponibles.
El presidente del Gobierno, que tiene la sartén por el mango, debió liderar esta grave emergencia nacional -que afecta a varios territorios- desde el primer minuto -aún está a tiempo-, en vez de dejar sola a la Comunidad valenciana -impotente para abordar esta situación, y con muchas decisiones lentas e incompetentes-. 
Es el Gobierno nacional quien tiene que pilotar de forma global esta emergencia, en vez esperar cinco días para enviar al Ejército o escuchar al presidente Pedro Sánchez decir que si el Gobierno valenciano necesita más ayuda, que la pida, mensaje insensible, falaz e infame, que resulta difícil de digerir para los afectados que están sufriendo a pie de calle. Él es el presidente de todos los españoles, también de los valencianos. Ellos también son su responsabilidad como gobernante nacional.
Con dicho desafortunado mensaje el presidente del Gobierno elude los problemas y demuestra falta de sensibilidad ciudadana -como lo viene haciendo toda esta legislatura, construyendo muros para seguir en el poder con el apoyo de partidos localistas insolidarios-, en vez de asumir sus responsabilidades y estar a pie de calle tomando decisiones, con empatía -como lo hicieron de forma ejemplar los Reyes Felipe y Letizia, dialogando y mostrando cariño y sensibilidad con los vecinos de la zona, indignados y cargados de razón, mientras Sánchez huía del lugar-, en beneficio de los afectados por la destrucción que deja evidencias que encogen el corazón: más de doscientas vidas arrasadas por las riadas; decenas de miles de familias arruinadas; daños personales y colectivos irreversibles; pueblos e infraestructuras que han derivado en lodazales…
El presidente del Gobierno, que debe tomar ejemplo del gran sentido de Estado que tiene el Rey, está a tiempo de convocar un gran acuerdo institucional y político para abordar las muchas tareas pendientes de atención a víctimas y afectados, de reconstrucción de vidas anónimas, de sus viviendas y negocios, de infraestructuras y servicios públicos, cueste lo que cueste, y sin necesidad de poner condicionamientos presupuestarios ni de intereses partidistas. 
Lo urgente hoy en nuestro país es atender este drama nacional y demostrar sensibilidad con los afectados, tomando ejemplo de la solidaridad de ciudadanos anónimos de toda España.