El 27 de noviembre, la Junta de Andalucía y el Gobierno central firmaron el acuerdo por Doñana, poniendo fin a meses de desencuentros sobre el futuro del Parque Nacional y su área de influencia y garantizando la conservación del primero y el desarrollo socioeconómico de la segunda.
Este pacto debería suponer un respiro para un enclave que se encuentra en los momentos más difíciles de su historia, según el último informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que revela que el espacio encadena 12 años secos y el estado de su acuífero sigue empeorando. Diez de sus 16 zonas se encuentran en una situación de «alarma».
El desencuentro entre las dos administraciones tenía su epicentro en la proposición de ley para regularizar los regadíos de los municipios de la Corona Norte de Doñana -Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado, Moguer y Almonte-, presentada por PP y Vox en el Parlamento andaluz, y que pretendía dar una solución a los agricultores que quedaron fuera del Plan de la fresa de 2014.
Durante casi dos años, la Junta y el Gobierno mantuvieron una creciente tensión por este asunto que traspasó las fronteras y llegó a la UE y la Unesco, instituciones que, al igual que el Ejecutivo central, rechazaban la pretensión de legalizar unas 700 hectáreas en la Corona Norte, aunque desde la región se insistía en que su puesta en cultivo estaba supeditada a la llegada de agua superficial para el riego.
Pese a la polémica, a lo largo de ese tiempo no han sido pocas las veces que ambas partes se mostraban abiertas al diálogo y tendían la mano para acercar posturas.
Algo que se materializó el 3 de octubre, cuando a las puertas de que la proposición fuera incluida en el orden del día del pleno del Parlamento, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunciaron la tan esperada tregua e informaron de la creación de una mesa de negociación «al más alto nivel» para intentar llegar a un acuerdo definitivo.
A lo largo de mes y medio, hubo reuniones con agentes económicos y sociales, organizaciones conservacionistas, ONG y, algo esencial, los agricultores, cuya opinión era clave para Andalucía, hasta el punto de que el pacto firmado requirió en primer lugar de la aprobación de estos.
El 27 de noviembre, Moreno y Ribera rubricaron en Almonte (Huelva) un acuerdo marco para blindar el espacio natural y garantizar su conservación, además de propiciar un desarrollo sostenible de los 14 municipios de su área de influencia y la paz social en este territorio.
El consenso contempla una inversión de 1.434 millones de euros para el marco 2023-2027 -de los que 706 los aporta el Gobierno y 728 la Junta- que, además de incidir en cuestiones ambientales, constituyen la apuesta por un proyecto que dinamiza e intensifica la transición ecológica y permite mejorar las condiciones sociales y económicas de la zona.
Entre las actuaciones figuran ayudas para los agricultores del área de influencia que opten por abandonar sus cultivos y acometer iniciativas para revertir el uso de la explotación agrícola a forestal, que deberá mantener al menos 30 años, a los que el Ejecutivo dará 70.000 euros por hectárea en 10 años. Esta cifra se elevará a los 100.000 en la Corona Norte con la aportaciones de 2.000 euros por parte de la Junta y 1.000 de la Diputación de Huelva.
Ambas administraciones trabajan ya para ejecutar el plan y lograr que la inversión llegue al territorio y las medidas supongan un verdadero respiro para un enclave que espera unas lluvias que de momento no llegan en cantidad suficiente.
Sello Verde
Pero cuando la tensión sobre Doñana parecía calmada, se produjo un último episodio: el 18 de diciembre se conoció que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza sacó al espacio de su Lista Verde por no cumplir los criterios requeridos.
En una carta enviada el 30 de noviembre al Parque Nacional, el organismo internacional pidió más información para que pueda recuperar el prestigioso sello y un «compromiso» para abordar los problemas detectados.